El Gobierno defiende el equilibrio de su oferta de empleo público, de 1.037 plazas

El Gobierno del Principado completó ayer su primera gran oferta de empleo público desde la crisis añadiendo 1.037 plazas a las ya convocadas en el ámbito educativo. Al oficializar el anuncio, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defendió el volumen por ser "el máximo permitido, agotando la tasa de reposición que admite el Estado", y el reparto por garantizar "un equilibrio razonable entre el nuevo ingreso y la promoción interna". Sostiene Carcedo que esa ecuanimidad se garantiza ofertando 647 puestos nuevos y 340 de promoción, con 777 para el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y 260 para la Administración.

El total da 1.458 sumando los puestos de profesores de Secundaria y Formación Profesional y el Principado espera tener "entre esta semana y la próxima" un calendario que priorice las salidas, "en principio antes las plazas que necesiten una bolsa de empleo". Detalla Carcedo que para la elección se han tenido en cuenta "las necesidades asistenciales, sociosanitarias y organizativas" de cada departamento además de la tasa de temporalidad. En el subgrupo del Sespa se da prioridad al personal facultativo -dos tercios de las 522 plazas de nuevo ingreso son de médicos- en atención a "la necesidad de reforzar y estabilidad la plantilla" y se tratan de fortalecer "las especialidades donde hay escasez de profesionales en todo el sistema nacional de salud". Hay, por ejemplo, 28 puestos en Anestesiología y Reanimación u 86 médicos de familia, con diez puestos más para promoción interna. En el resto de las plazas, la versión de la Consejera avanza que han tenido primacía aquellos puestos "para los que no se habían sacado plazas desde la última convocatoria del Insalud, en 2001". Los cupos más altos en este capítulo corresponden a 80 nuevos auxiliares de enfermería y otros tantos celadores sin contar la promoción interna.

La consejera trata de explicarse para atajar las enmiendas a la totalidad que le han puesto ya los sindicatos de la función pública. Desde los distintos ámbitos a que atañe la propuesta, las organizaciones sindicales habían criticado ya el reparto y volumen de la oferta antes de que fuera oficial. La consideran insuficiente para cubrir las vacantes que se han generado en el sector público autonómico, que como consecuencia de los estragos de la crisis superan las 2.000, y discrepan de la tesis de que sea ésta la máxima oferta posible dentro de la normativa estatal de las tasas de reposición. Entienden, por ejemplo, que la tasa de reposición ha de aplicarse sólo a las plazas correspondientes a este año, no a las pendientes de los anteriores.