El promotor de la acción disciplinaria en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara -instructora, entre otros, del "caso Pokémon" que implica a varios políticos asturianos-, solicita para ella siete meses de suspensión de empleo y sueldo por dilaciones indebidas en sus causas. El fiscal rebaja a tres meses.
Según el abogado de la magistrada, Agustín Azparren, en la resolución "no se han rectificado los errores de la inspección", ya que se mantienen algunas imputaciones sobre retrasos que ya se habían rectificado. Como ejemplo, se refiere a un caso en que se le imputaba un retraso a Pilar de Lara que en realidad correspondía a una jueza que la había sustituido. "La inspección comunicó que era un error y, sin embargo, se sigue manteniendo en la propuesta del promotor", indicó. La resolución se ha notificado pese a que todavía está pendiente de resolver "por la comisión permanente del CGPJ un recurso por haberse denegado prueba testifical".
"Si se aceptase el recurso, habría que retrotraer el expediente y practicar las pruebas", añadió. La jueza tiene ocho días para contestar y luego pasaría a la comisión disciplinaria para que resolviera. Después quedarían los recursos.
