"La sanidad asturiana está 'untada' por los laboratorios", denuncia Podemos

"La sanidad asturiana está 'untada' por la industria farmacéutica con decenas de miles de euros cada año", denunciaron ayer los diputados autonómicos de Podemos Lorena Gil y Andrés Fernández Vilanova. Las cifras recibidas de los laboratorios por algunos médicos alcanzaron los 31.240 euros en 2017 en el caso de un reumatólogo, y los 51.268 euros en el trienio 2015-2017 en el cado de un psiquiatra, según las cifras facilitadas por los representantes morados en una rueda de prensa. Las citadas cuantías incluyen conceptos como inscripciones a congresos, desplazamientos, alojamientos y honorarios.

"El 1 por ciento del personal del Sespa hace negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica y en detrimento del sistema público", precisaron la coportavoz parlamentaria y candidata a la Presidencia del Principado y el portavoz en asuntos sanitarios. "El Gobierno lo sabe y lo consiente", puntualizaron.

En relación con la ley de Salud del Principado, que se halla en la última fase de su tramitación parlamentaria, Vilanova y Gil apelaron al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón. "Debería explicar por qué su grupo parlamentario prefiere pactar con el PP una Ley de Salud cobarde e indulgente ante los conflictos de intereses, en lugar de una ley valiente con Podemos que haga frente a lo que consideramos una lacra para el sistema público", argumentaron los diputados morados, quien presentaron la enmienda que llevarán a la Junta General del Principado. Sobre el papel, la Ley de Salud será votada la próxima semana, en el transcurso del último pleno de la presente legislatura.

Lorena Gil reclamó que se implante "una declaración obligatoria de todos los profesionales de actividades con incidencia en práctica clínica y gasto". Asimismo, Podemos exige "publicidad obligatoria, en un apartado específico del Portal de Transparencia, de responsables de gestión, de comités, de grupos de trabajo de redacción de protocolos...".

Por su parte, Andrés Fernández Vilanova se preguntó si "se podría entender que en la Administración alguien que se encargara de adjudicar contratos de carreteras pudiera cobrar 30.000 euros de una empresa constructora sin que pasara nada. Pues cosas similares ocurren cada día en la sanidad asturiana sin que nadie se altere".

Según el diputado y médico, "en Asturias la sanidad también se privatiza, no dando las llaves de la sanidad pública a una multinacional, pero sí dejando las puertas abiertas para que campen a sus anchas los intereses privados".