Los interinos del Principado están dispuestos a litigar para no perder su puesto de trabajo como consecuencia de las macrooposiciones que están en marcha. El sindicato Usipa ha constatado en los últimos meses una preocupación creciente en gran parte del personal temporal que trabaja desde hace años -en algunos casos incluso varios lustros- para la Administración autonómica porque las oposiciones en marcha pueden acarrear su despido. Ante esa inquietud, el sindicato ha promovido dos asambleas informativas que tendrán lugar el próximo lunes para asesorar a un colectivo que solo en la Administración autonómica ronda los 9.000 trabajadores, entre laborales, interinos y estatutarios.
La mayor oferta de empleo público en décadas en el Principado tiene su otra cara de la moneda. Trabajadores que llevan años en puestos de trabajo estructurales de la sanidad y de la Administración corren el riesgo de perder su empleo. Gran parte de ellos entraron hace una década o más, al estar en bolsas de empleo formadas tras procesos selectivos, y ahora se encuentran con que su puesto de trabajo está en peligro con las ofertas públicas de empleo (OPE) que desde el pasado ejercicio ha convocado el Principado, algo que ocurre también en otras administraciones. "La situación más problemática es para los que, con más de 50 años, tienen a su cargo hijos y una hipoteca y llevan en algunos casos más de 15 años desarrollando las mismas funciones", comenta José Luis González, coordinador del sindicato USIPA. La situación es delicada porque el acceso a la función pública exige el cumplimiento de principios ineludibles como la igualdad, el mérito y la capacidad, pero los afectados argumentan que en su momento ya participaron en procesos selectivos que les permitieron entrar en bolsas de empleo y que el Principado tiró de esas contrataciones temporales durante mucho tiempo, sin sacar nuevas oposiciones, sobre todo desde que estalló la gran recesión en 2010.
Reuniones informativas
Ante este problema, el citado sindicato ha contactado con un despacho de abogados con sede en Madrid, especializado en los derechos del personal temporal, para que exponga a los posibles afectados vías de reclamación. Las asambleas informativas tendrán lugar mañana, lunes, en el salón de HUCA, de 11 a 13 horas, y en el salón de actos del edificio de servicios múltiples de Llamaquique (EASMU-Oviedo), de 14 a 16 horas. Beatriz González, socia de Umbrella International, aclarará dudas sobre un asunto que trasciende el ámbito judicial de Asturias y que ya tiene recursos y cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Es un problema que afecta a todo el colectivo de trabajadores temporales, ya sean estatutarios, interinos o indefinidos y en diferentes ámbitos del sector público como la sanidad, la educación o la justicia", expone Beatriz González. "Las administraciones recurrieron a esa figura de contratación de forma continuada y para cubrir necesidades estructurales. Hubo abuso por parte del empleador, y aunque había directivas comunitarias sobre trabajo temporal, en España no se han cumplido", argumenta Beatriz González, que lleva más de ocho años en la defensa de los derechos del personal temporal, una batalla jurídica que se inició con la reivindicación de los jueces sustitutos.
Sostiene que los actuales procesos de selección, mediante concurso-oposición, "desdeñan la experiencia" y que los trabajadores temporales tienen derecho "a reclamar el carácter fijo en su puesto de trabajo si se cumplen determinados requisitos". Y va más allá al afirmar que "incluso pueden pedir una indemnización, pero no de cese o despido, sino como multa a la Administración que incurrió en ese abuso".
Una puerta abierta
De momento, recuerda González, el Tribunal Superior de Galicia ya ha fallado a favor de la reclamación de los interinos, lo que abre la puerta y las expectativas ante la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y todo ello podría derivar en Asturias en un choque. Todos ellos buscando lograr o mantener un empleo en la Administración regional.
