El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) cubrirá con interinidades 55 plazas de médico de familia existentes en las ocho áreas sanitarias de la región y que actualmente están vacantes. La medida contribuirá a reducir las demoras por consulta, que en algunos centros de salud llegan hasta los diez días y que saturan las urgencias en atención primaria y hospitalaria.

Según concretó ayer el Gobierno del Principado, el Sespa ofrecerá el próximo mes la cobertura de interinidad a los médicos de familia inscritos en la bolsa de demandantes de empleo del Servicio de Salud. Con la cobertura de las 55 plazas previstas, que estarán vinculadas al Código de Identificación Autonómica Sanitaria (CIAS), el Sespa, destaca la Consejería, "continúa avanzando en la estabilización de la plantilla, lo que redundará en una mejor asistencia sanitaria a los usuarios".

Por áreas sanitarias, las plazas se distribuirán de la siguiente manera: 6 vacantes en la I (Jarrio); 4 en la II (Cangas del Narcea); 13 en la III (Avilés); 9 en la IV (Oviedo); 12 en la V (Gijón); 5 en la VI (Arriondas) y 3 en cada las áreas VII (Mieres) y VIII (Langreo). En estos puestos sin cubrir se incluyen 14 plazas dotadas en la plantilla orgánica, aprobada en mayo de 2019, para ajustar los ratios poblacionales por profesional. De esta manera, "se aplica el cupo óptimo a todos los facultativos de los equipos de atención primaria según este acuerdo", dice la Consejería de Salud.

Por otro lado, el movimiento Atención Primaria en Marcha denunció ayer que el Gobierno autonómico está impulsando un decreto para "dar respuesta a las necesidades y retos" a los que se enfrentan los centros de salud. El colectivo opina que "no se puede construir la atención primaria que queremos a golpe de decreto, mucho menos cuando no se asegura una mínima infraestructura". "Para ir a la raíz de los problemas actuales, es necesario un cambio del enfoque general del conjunto del sistema de salud, en la que la atención primaria tenga un papel realmente central", agregan.

Una manera de garantizar los recursos, sostiene el movimiento, es "establecer unos ratios máximos de población por profesional, tanto médico y enfermero, como del resto de personal que trabaja en los equipos de atención primaria: administrativos, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, matronas, psicólogos...)". A juicio de los pacientes, la figura de director, de nueva creación, supone "un retroceso democrático, en tanto puede convertirse en una correa de transmisión de la gerencia, así como un posible caballo de troya en la constitución de unidades de gestión clínica". "Hace falta un cambio organizativo más profundo", claman.