La actualización del marco legislativo de la función pública asturiana, ambicioso plan de legislatura del Gobierno del Principado, inició ayer un largo camino hacia la renovación de las estructuras básicas de funcionamiento de la Administración asturiana. El procedimiento para la tramitación de la nueva ley del Empleo Público, el que será el instrumento esencial de la reforma, echó a andar con la apertura de un periodo de consultas y de recopilación de aportaciones que durará hasta el día 14 de diciembre y que recabará las opiniones y contribuciones de personas, colectivos y entidades interesadas o concernidas por la norma con vistas al proceso posterior de redacción del texto.
Se abre así el proceso que trata de traer al contexto presente el texto normativo que regula la función pública asturiana, lastrada en parte por los vicios heredados de su anclaje legislativo en un pasado demasiado lejano, pero también por una maraña de burocracia, una tasa anormalmente elevada de interinos o a veces un notable déficit de eficiencia. De hecho, la nueva ley viene a sustituir y a modernizar una norma que está a punto de cumplir 35 años (la Ley de Ordenación de la Función Pública de 1985), que sólo ha sido modificada muy parcialmente desde su promulgación y que se somete a partir de ahora a un reseteo y reinicio de sistema que el Gobierno de Adrián Barbón lleva meses anticipando como uno de los proyectos nucleares de su mandato.
Los propósitos que el Ejecutivo autonómico opta a insertar en la nueva reglamentación hablan por ejemplo de la “movilidad y flexibilidad” en la gestión del personal, un asunto que traducido lleva a la eliminación de trabas para la circulación de personal entre departamentos y consejerías en caso de necesidad y que viene de revelarse como un asunto central que ha dado muestras de ineficiencia en esta pandemia, por ejemplo cuando no se permitió que educadores adscritos a Educación acudiesen a prestar servicios de refuerzo en centros dependientes de la Consejería de Derechos Sociales. Se opta a regular el teletrabajo, o a introducir en el régimen de retribuciones de la plantilla herramientas que permitan “premiar la productividad, la dedicación y la gestión eficiente”. Dice también el Principado en su exposición preliminar de intenciones que la nueva legislación abre una oportunidad de instituir facilidades para “la conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, o de optimizar el servicio público “modernizando la estructura de cuerpos y escalas”. También para mejorar las situaciones laborales del personal temporal amparando “los derechos que la jurisprudencia les reconoce”.
Este resumen sirve como rápida aproximación a lo que el Principado ha dicho que pretende conseguir con la renovación de la función pública que el Presidente, Adrián Barbón, lanzó el pasado verano empezando por la reforma de su gabinete y trasladando las competencias de la Administración a las que dependen de su vicepresidente, Juan Cofiño.
Interinos y méritos
El nuevo responsable del área llegó al cargo prometiendo sentar las bases “de una nueva organización en la que rompamos ciertos esquemas”. La ley que ahora enfila un largo camino de consulta y redacción, de búsqueda de consensos y tramitación es el instrumento básico sobre todo para el blindaje legislativo de los cambios propuestos por el Gobierno. El Ejecutivo ha decidido enfrascarse en la detección de los problemas que enmarañan a la función pública asturiana, y aquí hay obra abundante. Está por ejemplo el de los modelos de provisión de puestos, o la reticencia de la Administración durante años a acatar las sentencias judiciales que le obligaban a prestar atención a los criterios universales de la igualdad, el mérito y la capacidad al cubrir zonas esenciales del organigrama administrativo asturiano. El Principado asume que también, o tal vez antes que nada, debe empezar a hablar de la reducción de la tasa de interinos, aproximadamente un treinta por ciento de una plantilla que acaba de rebasar por primera vez los 40.000 empleados públicos y que cuenta con un apreciable número de eventuales de tan larga duración que llevan en esa situación dos y tres decenios.
Cofiño ha resumido sus pretensiones a este respecto en la necesidad de buscar ladrillos para construir una Administración más digital, rápida y eficaz y ha tratado de atajar muy de raíz las primeras reticencias de los representantes de los trabajadores admitiendo de palabra su condición de no incluir recortes. El proceso que se inicia rebusca entre las muchas zonas de la función pública asturiana donde cabe poner el foco de las reformas. Uno de ellos será también, si se hace caso a los representantes de los trabajadores, el de las empresas públicas, sobre las que algunos sindicatos apuntan la necesidad establecer “un mayor control, sobre todo en los contratos de alta dirección”.
El Principado, que también se ha autoimpuesto la tarea previa de efectuar una auditoría de todo el sector público asturiano para localizar bolsas de ineficiencia, valorará una vez finalizado el plazo de aportaciones la posible incorporación al texto normativo de las aportaciones recibidas. A continuación, continuará con la tramitación ordinaria del procedimiento de elaboración del proyecto.
Los ejes del proyecto
- La “movilidad”. Desde el primer momento, uno de los grandes propósitos de la reforma ha sido habilitar mecanismos para activar algo muy complejo en el diseño actual de la Administración asturiana, “los mecanismos de movilidad y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos”.
- La “productividad”. El proyecto del Gobierno autonómico incluye entre sus pretensiones la incorporación al nuevo marco normativo de herramientas “que permitan premiar la productividad, la dedicación y la gestión eficiente”.
- Los interinos. La modernización de la Administración asturiana pone el foco en uno de los grandes problemas de la plantilla, su elevada tasa de interinos, algunos de muy larga duración. Se propone establecer “las vías para la consolidación” de estos trabajadores.
- El teletrabajo y la conciliación. La intención general de que salga de este proceso una función pública más digitalizada, rápida, ágil y eficaz se sustancia en parte en la voluntad de dotar a la Administración de un artefacto legislativo que facilite el teletrabajo o la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
