Las instituciones europeas acaban de dar un nuevo impulso a los mecanismos de apoyo a las regiones de la UE que, como Asturias, están particularmente afectadas por el proceso de descarbonización. Estos territorios tendrán un trato “preferente” en el acceso a la ayuda financiera del programa InvestEU, una bolsa de 26.200 millones orientada a respaldar el desarrollo de inversiones principalmente privadas que estén alineadas con la innovación, la digitalización y el desarrollo sostenible y a favorecer la modernización de las pymes.
InvestEU es un instrumento heredero del “Plan Juncker”, el programa de impulso de la inversión que la Comisión Europea lanzó en 2014 para propulsar la recuperación económica tras la llamada Gran Recesión (2008-2013). Se trata de un programa de naturaleza financiera que facilita a las empresas y otros posibles beneficiarios el respaldo de la UE (por lo común, en forma de garantías ante los bancos) para abordar sus inversiones. La capacidad de cada territorio y de sus empresas de alumbrar proyectos que encajen con las prioridades de InvestEU resultará por tanto crucial para sacar partido de su financiación.
Los antecedentes de Asturias no son buenos. La región no presentó ningún proyecto de alcance al “plan Juncker”, aunque las pymes sí pudieron beneficiarse de manera indirecta a través de los vehículos financieros que crearon los bancos con el respaldo de la UE. Ahora el Principado y el resto de regiones vinculadas al carbón tienen una oportunidad reforzada. El acuerdo al que anteayer llegaron el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo supone que los territorios afectados por la transición energética tendrán “ventanillas” propias en InvestEU.
Según las explicaciones de Jonás Fernández, eurodiputado socialista asturiano que ha participado en el proceso, no habrá exactamente una reserva específica de recursos para las regiones del carbón, pero sí un dispositivo propio para tramitar y defender los proyectos que supone una ventaja potencial frente a aspirantes de otras procedencias. En España se beneficiarán de esas “ventanillas”, además de Asturias, las provincias de Palencia, León, Teruel, La Coruña, Córdoba, Cádiz y Almería.
El régimen específico dentro de InvestEU para esos territorios y otros europeos donde se cierren minas y térmicas es uno de los tres pilares del llamado Mecanismo de Transición Justa. El primero está formado por los llamados “fondos verdes”, programa de subvenciones por valor de hasta 17.500 millones de euros. El tercer elemento será un canal de apoyo al sector público a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
“El acuerdo formaliza la financiación preferencial a los proyectos empresariales de regiones en transición ecológica, fundamental para ayudar a las que tienen que transformar su manera de producir para cumplir con los objetivos climáticos”, dijo Jonás Fernández, y remarcó también que el pacto entre los tres poderes de la UE da rango legislativo al trato especial que se reserva para regiones como Asturias.
Las empresas de las zonas más afectadas por la descarbonización dispondrán de pasarelas propias para la tramitación de sus proyectos en los cuatro ejes de InvestEU: infraestructuras sostenibles (9.900 millones para respaldar proyectos como redes de transporte o energéticas que reduzcan las emisiones de CO2), investigación, innovación y digitalización (6.600 millones), apoyo a pequeñas y medianas empresas (6.900 millones) e inversiones sociales o vinculadas a la formación (2.800 millones).
El mecanismo pactado está dirigido principalmente a iniciativas privadas, pero será accesible también para consorcios público-privados y administraciones. Para este último caso, las instituciones europeas negocian una variante que combina la concesión de ayudas financieras con una parte de subvenciones a fondo perdido.
«Este es un buen acuerdo que abre el camino a una mayor financiación para infraestructuras sostenibles, investigación e innovación, pymes y capacidades. InvestEU contribuirá a la recuperación económica de Europa y a las transiciones climática y digital”, valoró Paolo Gentiloni, comisario de Economía.
