La Fiscalía ha archivado la investigación iniciada en febrero sobre supuestas irregularidades en el proceso de vacunación, denunciadas por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). El ministerio público considera que pudo haber alguna actitud reprochable, pero sin trascendencia penal: no hubo prevaricación. La denuncia incorporaba varias situaciones. La más relevante, que se inmunizase a personal directivo del Sespa. En este caso, la Fiscalía considera que no hubo arbitrariedad en la vacunación: se realizó de acuerdo con su clasificación según la estrategia adoptada y cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente.
Respecto a la vacunación de los liberados sindicales, el fiscal concluye que la justificación fue “muy débil” al fundamentarse la decisión en la “no discriminación por el ejercicio de funciones sindicales”, cuando lo que se debería haber priorizado eran “los motivos médico-sanitarios ante la situación de escasez de vacunas de los primeros momentos”. Pero tampoco advierte ilícito penal.
Por lo que se refiere a la concejala de Castrillón Carmen Piedralba, se señala que trabajaba en una Unidad de Cuidados Intensivos, si bien tenía liberación sindical, y que fue vacunada dentro del grupo de profesional al que pertenecía. Fue, en consecuencia, “una vacunación justificada”, según la Fiscalía.
Las vacunaciones prioritarias del presidente del Montepío de la Minería, Juan José González Pulgar, y de la concejala de Cangas de Onís Marifé Gómez, miembro del patronato de la Fundación Beceña González, se realizaron al haber sido incluidos en las listas de personal de dos residencias de mayores, elaboradas por los directores de ambos centros y remitidas al Sespa. “Nadie del Sespa tomó la decisión de incluirlos, sino que se dieron por buenos los datos facilitados por los directores de las residencias, como no podía ser de otra forma”, apunta el fiscal, que reconoce que esas dos vacunaciones prioritarias pueden ser “muy discutibles”, pero “no cabe atribuirlas a ninguna autoridad o funcionario público, por lo que estos hechos en ningún caso serían constitutivos de un delito de prevaricación”.
