El tablero político asturiano se posicionó ayer ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en función de la presencia o no de sus marcas políticas en el Gobierno de coalición. Podemos e IU defendieron la estrategia de Sánchez de apostar por el estado de alarma, mientras que el PP cuestionó su “soberbia” por desoír su iniciativa de aprobar una ley específica contra pandemias. Ciudadanos vio en el fallo un ejemplo más de “la improvisación” que marca la gestión del Ejecutivo y Vox relacionó el fallo adverso con la crisis de Gobierno decidida y anunciada por Sánchez el pasado fin de semana. El PSOE regional eludió hablar.
La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, calificó la decisión del Constitucional de “enorme revés judicial para el Gobierno”, y recordó que su partido se había decantado por la aprobación de una ley de control de pandemias “para evitar la excepcionalidad del estado de alarma y dar seguridad a las comunidades autónomas cuando esta decayera”.
Mallada atribuyó a “la soberbia” del Gobierno de Pedro Sánchez el rechazo a la propuesta del PP: “Se lo advertimos y hoy es la justicia la que censura al Gobierno”.
“Respetamos la sentencia y celebramos que la justicia vele por las máximas garantías cuando se trata de limitar los derechos fundamentales”, valoró Ignacio Cuesta. Para el coordinador autonómico de Ciudadanos, la decisión del TC “demuestra que la improvisación ha sido una constante por parte del Gobierno, también en la elección del estado de alarma como herramienta”.
Para Daniel Ripa, secretario general de Podemos, “se trata de una sentencia política en un Tribunal Constitucional partido a la mitad, y cuya resolución busca desestabilizar al Gobierno”.
El portavoz de la formación morada en la Junta defendió la gestión de la pandemia. “Mientras el Gobierno se dedicó a salvar miles de vidas decretando de urgencia un confinamiento necesario, en un momento de explosión de la primer pandemia, hay sectores del poder judicial que llevan meses intentando dificultar las decisiones cruciales en materia sanitaria”, subrayó.
Ovidio Zapico, coordinador de IU, no vaciló en calificar de “equivocada” la sentencia del Constitucional, “aunque no queda otra que acatarla”. El también diputado autonómico entiende que en este fallo “ha pesado más el partidismo de un tribunal cuya renovación está atascada por la negativa de la derecha, que la oportunidad de un estado de alarma que era la única vía posible para actuar con la urgencia que requería la pandemia”. Y se mostró crítico con que el Constitucional señalara como más apropiada la figura del estado de excepción porque “solamente puede mantenerse 30 días, lo cual habría hecho imposible su renovación en la pandemia”.
Adrián Pumares, secretario general de Foro, señaló que de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma de marzo de 2020 “demuestra que las dudas que muchos tuvimos sobre su legalidad estaban más que justificadas”. Para el dirigente forista, “el Gobierno de España tiene que ser mucho más cuidadoso en el respeto de los derechos fundamentales”.
Pumares censuró, asimismo, que el Constitucional, “como garante de los derechos de la ciudadanía, no puede tardar un año y medio en dictar una sentencia tan trascendental”, mientras otros tribunales europeos dieron “sobre la marcha” su opinión acerca del encaje del confinamiento en sus ordenamientos constitucionales.
Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias, defendió que Sánchez “debe dimitir” tras la sentencia del Constitucional y vinculó la reciente crisis de Gobierno con el contenido de este fallo. “Cesar de su cargo a Campo de ministro de Justicia; a Redondo como jefe de gabinete, a Calvo, vicepresidenta y constitucionalista, y a Ábalos, su mano derecha, persigue mantener un cortafuegos por el resultado de esta sentencia”, valoró el dirigente de Vox. Blanco sostiene que “si Pedro Sánchez no dimite debe convocar elecciones” y emplazó a Adrián Barbón a pronunciarse sobre el fallo del Constitucional.
