El blindaje legal de la libre designación para algunos puestos y de la incorporación de una nueva figura en la estructura de la administración autonómica, los coordinadores, que estaría por encima de las jefaturas de servicio en algunas áreas, genera resistencias internas y reparos, según confirmaron fuentes del Principado. El Gobierno autonómico ha convocado hoy a los sindicatos de la función pública para explicarles con detalle el contenido del anteproyecto de ley de Empleo Público, que incluye también el pago de plus de productividad a los funcionarios y tiene por delante un largo recorrido para introducir cambios y modificaciones, primero en la consulta pública y luego mediante la tramitación en el parlamento regional.
El Gobierno socialista se ha marcado el objetivo de abordar una reforma en profundidad de la administración autonómica y uno de los primeros pasos será actualizar la ley de Función Pública, que data de 1985, tras haber presentado antes el anteproyecto para simplificar los trámites y procedimientos burocráticos y tener en marcha la reducción de la elevada tasa de interinidad, con las primeras ofertas públicas de empleo (OPE) masivas desde hace una década.
El presidente Adrián Barbón decidió modificar la estructura del Gobierno para pasar la competencias de Función de la consejería de Presidencia a la vicepresidencia de Juan Cofiño, a quien encargó el cometido de impulsar esa reforma administrativa. En enero pasado el departamento de Cofiño constituyó un grupo de 17 expertos para asesorar en esta actualización de la ley de empleo público, a la que el Ejecutivo ya llegó con la intención de dar una cobertura legal al blindaje tanto de la libre designación para determinados puestos en algunas consejerías, ligados sobre todo a la contratación en áreas de gran peso en el Principado como las infraestructuras, el urbanismo y el medio ambiente, y también para crear una nueva figura, la del subdirector general o coordinador, que estaría por encima de los jefes de servicio.
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar estos cambios legislativos consistió en la necesidad de contar con funcionarios que tengan la capacidad y posibilidad de imprimir ritmos más ágiles en la tramitación administrativa, cuya lentitud es un mal endémico largamente denunciado desde diversos ámbitos, como el político y el empresarial, para superar las dificultades que puedan llegar desde un puesto clave en este proceso como es el del jefe de servicio. Es decir, el nuevo coordinador sería un puesto intermedio entre el director general, que es un cargo de designación política, y el jefe de servicio, que es un funcionario de carrera que llega a ese puesto mediante un concurso de méritos. Esas novedades no concitaron la unanimidad en el grupo de trabajo, donde hubo distintos pareceres y matizaciones al respecto sobre unas figuras que, ciertamente, ya han sido incorporadas antes a otras legislaciones autonómicas. En la reforma de la ley de Función Pública de 2014 ya se había incluido la creación de un grupo de 72 directivos públicos, aunque esta figura nunca se llegó a desarrollar.
Los sindicatos de la función pública conocerán hoy el contenido del anteproyecto legislativo. José Luis González, del sindicato USIPA, que ya recurrió en 2007 la libre designación, cuando el gobierno de Vicente Álvarez la aplicó de manera generalizada para cubrir más de un millar de jefaturas, ganando el litigio el Tribunal Supremo, discrepa del argumento relativo a la traba que podrían suponer algunos jefes de servicio para una tramitación administrativa más ágil: “Existe una posibilidad legal, que es la remoción de todo funcionario que no cumpla con sus trabajo. De hecho, ya ha habido alguna en el Principado en otras etapas”, precisó González.
Tampoco el colectivo de funcionarios Conceyu por otra Función Pública en Asturias juzga necesaria la creación de la figura del coordinador en la estructura autonómica para acelerar las tramitaciones. “Habrá que conocer el detalle del texto, pero parece claro el interés en crear un grupo de funcionarios de élite cuando quizá convendría más agilizar la remoción para poder cambiar a un funcionario de puesto si es que no cumple bien su labor, claro está con el cumplimiento de todas las garantías legales”, afirmó Javier Villa.
