El Ministerio de Hacienda está realizado aproximaciones “bilaterales” a los gobiernos regionales para conocer su posición sobre una futura reforma de la financiación autonómica, en concreto sobre cómo se debe calcular en el futuro la denominada “población ajustada”, un criterio clave en el reparto de los recursos. La ministra María Jesús Montero anunció ayer que quiere tener lista en noviembre una propuesta sobre ese aspecto del sistema y anticipó que se valorarán cuestiones como el tamaño de la población, pero también la estructura de edad o la dispersión geográfica, criterios estos últimos que en principio sintonizan con lo que están demandando Asturias y el conjunto del Noroeste. Montero vino a decir también que el régimen foral que disfrutan vascos y navarros permanecerá blindado y sin cambios: “Ni se suspenderá ni se extenderá” a otras autonomías.
La negativa a la “extensión” del sistema foral parece cerrar la puerta a que Cataluña acceda a un modelo análogo al vasco y navarro, donde las instituciones forales (las diputaciones en el País Vasco y la comunidad en Navarra) recaudan y gestionan directamente todos los impuestos estatales a cambio de pagar un cupo o canon a la Administración central. El resultado es una financiación por habitante significativamente superior a la que reciben las autonomías de régimen común. El independentismo catalán no ha explicitado por ahora la reclamación de un sistema así en la mesa de diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abierta con la Generalitat. En 2012, justo antes de que las organizaciones nacionalistas encendieran la caldera del separatismo, el entonces presidente catalán, Artur Mas, planteó sin éxito a Mariano Rajoy un “pacto fiscal” que consistía de hecho en llevar el modelo foral a Cataluña.
Según explicó ayer a Efe la ministra Montero, el debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando el Gobierno tiene la intención de presentar “la definición del criterio de población ajustada” que se aplicará para repartir el dinero. La población ajustada o número de “unidades de necesidad” es una ecuación capital del sistema, porque determina la cuota de recursos que recibe cada autonomía para sostener los servicios básicos. Para ese cálculo, ahora se tienen en cuenta, además del número efectivo de habitantes (que pondera el 30%), otros factores: la “población protegida equivalente” (38% de ponderación), que estima las necesidades de gasto sanitario teniendo en cuenta siete franjas de edad; la población menor de 16 años (20,5%); la población mayor de 65 años (8,5%), así como la superficie del territorio (1,8%), la dispersión demográfica (0,6%) y la insularidad (0,6%).
El uso de esa fórmula para el caso de Asturias supone, con datos de 2019, que a efectos de la financiación autonómica la región representa el 2,47% de la población ajustada total, cuando la población real equivale al 2,32%. La incidencia del envejecimiento y de la dispersión geográfica mejoran así la posición de Asturias y favorecen que, desde 2010, su nivel de financiación haya superado el promedio de las quince regiones de régimen común.
¿Continuará siendo así con la reforma que medita el Gobierno? María Jesús Montero habló genéricamente de que al determinar la “población ajustada” se tendrán en cuenta elementos “como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica...”. En principio, la respuesta parece estar más cerca de los intereses de las regiones del Noroeste que de las mediterráneas, partidarias de incidir más en la dimensión demográfica. No obstante, la Ministra no entró en los detalles decisivos: cuánto ponderará cada uno de esos factores en el cálculo de la población ajustada; esto es, si se revisará la fórmula para ajustarla a las peticiones de las autonomías que se consideran infrafinanciadas (Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, principalmente).
María Jesús Montoro abogó por alcanzar un acuerdo entre todas las autonomías de régimen común: “Si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso (la definición de la poblacion ajustada), lo que no valdrá luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga ‘estoy infrafinanciado’ o ‘me están robando’”
Escrivá apoya el impuesto a los ricos de Madrid que pide Puig
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apoyó ayer la sugerencia del presidente valenciano, Ximo Puig, de estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad. “Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido”, defendió el Ministro. Escrivá, tras una reunión en Valencia con Puig, respaldó así la idea que planteó hace unas semanas como una posibilidad dentro de una reforma fiscal a nivel nacional, algo que despertó las críticas del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y de los empresarios madrileños. En general, el ministro y expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal destacó que los países avanzan “claramente” en evitar la competencia fiscal y en tener bases tributarias sólidas. “No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España estemos recorriendo el camino contrario”, dijo.
