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El Principado, “sin fecha marcada” para relajar las medidas para los bares de copas

La ministra de Justicia rechaza legislar sobre las restricciones: “Será el Supremo quien unifique la doctrina ante las sentencias contradictorias”

Un local de ocio nocturno en Asturias

El Gobierno del Principado no se ha marcado aún ningún plazo para reabrir el ocio nocturno en interior a pesar del descenso de la incidencia del coronavirus en Asturias, debido a que la misma “sigue siendo elevada”, según indicó ayer en Gijón el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en la visita que efectuó a la Feria Internacional de Muestras de Asturias junto a la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

“No nos marcamos en estos momentos ninguna fecha porque en Asturias, y creo que ha sido lo correcto, hasta que no tengamos la situación verdaderamente controlada –es cierto que en estos momentos nuestra incidencia es la más baja de las 17 autonomías, pero también es cierto que es una incidencia muy alta– seguimos en márgenes de peligro o extrema gravedad”, respondió Barbón a la pregunta de los periodistas sobre si con cerca de un 70% de vacunación en Asturias se marcaba el Principado una fecha para esa reapertura.

El mandatario autonómico abundó señalando que “lo que hay que ser es responsables y hasta que los epidemiólogos y expertos en salud pública no nos digan que ya se puede reabrir –que es la única actividad (cerrada), más allá de otro tipo de limitaciones que hay en hostelería– no lo vamos a hacer”.

Respecto al avance en la vacunación en Asturias, rozando ya el 70% de la población con pauta completa, el presidente regional indicó que, aunque supone un paso adelante, no basta “porque ya sabemos que no es suficiente para la inmunidad de grupo” ante la mayor facilidad de transmisión de la variante delta o india.

Por su parte, la Ministra de Justicia se refirió a la disparidad de criterios que están teniendo los tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas respecto a la aplicación de restricciones para frenar la transmisión del coronavirus.

Pilar Llop dio a entender que la pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que “será quien tenga que unificar la doctrina en ese sentido porque la legislación está hecha, lo único que hay que aplicarla debidamente”. Esto es, la ministra no contempla la necesidad de legislar al respecto, como reclaman algunas comunidades.

En cuanto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de denegar la petición del Gobierno del principado de aplicar un toque de queda a los municipios con mayor riesgo, frente a lo acontecido en otras comunidades, la Ministra insistió en que “no ha pasado la pandemia y tenemos que tener aún precauciones y, es cierto, se producen resoluciones contradictorias entre tribunales superiores de justicia, por eso es tan importante la unificación doctrinal en ese sentido”. Llop quiso hacer también un reconocimiento a los profesionales que están luchando contra la pandemia y a la actitud responsable de los asturianos. Añadió que “es evidente que la pandemia todavía no ha pasado, y que estamos en un momento en el que tenemos que ser muy cuidadosos y la Feria de Muestras es un ejemplo de ello, en la que se han tomado medidas muy importantes para evitar que se produzcan contagios”, agregó.

Nuevo recurso

Aunque el TSJA tumbó la medida del toque de queda, sí ratificó la limitación de reunión a diez personas en cualquier franja horaria, salvo convivientes. Y esto ha generado respuesta de algunos sectores. La Asociación Liberum, que se autodefine como defensora de los derechos humanos, presentó una demanda al TSJA por vulneración de los derechos fundamentales. “Consideramos la medida desproporcionada. Pueden provocar pérdidas económicas cuando existen medidas alternativas menos gravosas”, explican desde Liberum, que también ha recurrido limitaciones en otras regiones. “Desde la asociación defendemos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la vida y la salud, y las medidas sanitarias que contribuyan a mejorar y mantener la salud pública”, aseguran. Pero añaden: “Siempre que se basen en la evidencia científica y un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales”.

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