La Comisión Europea (CE) ha admitido a trámite la denuncia de Podemos por la presunta ilegalidad de la prórroga de la concesión del peaje de la autopista del Huerna. El secretario general de la formación morada considera que esa decisión supone “el inicio de la cuenta atrás para la supresión del peaje” de la AP-66, pues confía en que la resolución de Bruselas llegue “como máximo en un año” y en los mismos términos que la que ha declarado irregular hace unos días la prórroga de la AP-9 en Galicia, simultánea e idéntica a la del Huerna.
El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, pidió a los usuarios de la autopista del Huerna que guarden los tiques a partir del día 17 de este mes (fecha en la que caducaba la concesión inicial, antes de que fuera prorrogada por 29 años, hasta 2050, por el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos) para reclamar la devolución del dinero en cuanto el pago sea suprimido. Y demandó “una gran voz ciudadana colectiva”, para lanzar un mensaje al Ministerio: “Ya valió, no permitiremos el agravio ni un minuto más”.
Ripa defendió que la prórroga del peaje asturleonés fue “ilegal”, porque se adjudicó “a dedo a una empresa pública que luego (en 2003) se privatizó”, saltándose “los principios de transparencia”, eludiendo “el equilibrio económico y financiero” y yendo en contra del “interés general”. Resaltó que es la concesión “más larga y más cara” de las existentes en la red estatal y que “penaliza el futuro de Asturias y los asturianos”.
Calificó de “insatisfactoria” e “inquietante” la respuesta del Ministerio de Transportes a la denuncia de Podemos defendiendo que la prórroga fue ajustada a la legislación española. Ripa sostiene justo lo contrario: contravino no solo la ley española, sino también la europea, que exige que este tipo de ampliaciones salgan a licitación pública.
Instó al presidente del Principado, Adrián Barbón, a llamar a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigirle que suprima el peaje el próximo día 17. Y que “no se encierre en que la ampliación fue legal”. “El peaje es un agravio, una injusticia, perjudica a Asturias y la aísla”, señaló Ripa, quien reclamó al Ministerio que empiece a “trabajar por la supresión”, para que los asturianos “no sigan pagando los desmanes de Aznar”.
