El proyecto reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias tiene en la cooficialidad de las lenguas asturianas su apartado más controvertido. El presidente del Principado de Asturias Adrián Barbón aseguró el miércoles ante el resto de grupos parlamentarios en la Junta que esa cooficialidad no supondrá en ningún caso la imposición de una enseñanza bilingüe en los centros educativos de la región: “Nunca vamos a imponer la formación bilingüe en Asturiano”, zanjó el presidente regional.
Los juristas consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en señalar que todo va a depender de una ley que se deberá poner en marcha después de que se haga efectiva la cooficialidad y en la que se defina los detalles de esa cooficialidad. Si bien, algunos consideran que esa falta de definición lo que esconde es una cooficialidad que no será tan amable como aseguraba Barbón. En esta línea, Javier Junceda, jurista especializado en Derecho Administrativo, se queja de que “la propuesta de reforma del Estatuto no especifica el alcance de esa cooficialidad, es una ley que habría que elaborar y eso impide saber el alcance de esa cooficialidad de la llingua”.
Para Junceda carece además de sentido poner en marcha la cooficialidad sino se pretende imponer nada: “Para lo que dice Barbón no hace falta la cooficialidad, desde 1998 hay una Ley de Uso y Promoción del Bable/ Asturiano, no tiene sentido modificar todo para que todo siga igual. En esta ley la no obligatoriedad está contemplada”. Una ley que, añade Junceda, “permite que se puedan hacer trámites administrativos en asturiano, mi pregunta es ¿cuántos asturianos han hecho uso de esa posibilidad?”.
En una línea parecida se pronunciaba Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, que opina que hay “una especie de engaño, no se quiere decir en el Estatuto lo que va a ocurrir después”. Para Punset se trata de una “trampa” y de un “fraude”. “El Estatuto tiene que determinar cuál es el alcance de esa cooficialidad”, añade. Una cooficialidad que, sostiene, “compromete a la administración pública y no solo a la del Principado” y que inevitablemente “llevará a la inmersión lingüística”. “Todos los que tienen un comercio tendrán que atender en la lengua oficial en la que se les hable y los productos que se vendan aquí tendrán que estar etiquetados en la lengua cooficial”, abunda.
Punset defiende que “no digan que la lengua será cooficial sino que expliquen qué va a significar que lo sea”. El constitucionalista coincide con Junceda en la validez del artículo 4.1 del actual Estatuto de Autonomía: “Dice lo siguiente: ‘el bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje’”. Por lo tanto, para Punset “si eso se mantiene, vale; de otra manera, ni hablar”. El jurista concluye haciendo suyas las palabras de Fernando Savater: “Las lenguas tienen dos enemigos: el que las prohibe y el que las impone”.
El catedrático en Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar Alas, por su parte, piensa que las palabras de Barbón pretenden dejar claro que “tendrá que haber unos principios de proporcionalidad”. Si bien, le parece “insólita” una cooficialidad sin bilingüismo: “Sería un ensayo, se confía a la ley de desarrollo de la cooficialidad”. En opinión del catedrático, de lo que se trataría es “de remover obstáculos para que se use, pero sin imponerlo; desde luego parece un ensayo de laboratorio curioso”. Tolivar Alas aclara que lo que sí hace la cooficialidad es obligar “a la administración a ser bilingüe”.
El letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez, por su parte, ve importante hacer una diferencia. “Una cosa es que exista una asignatura de asturiano y otra cosa es que se organice una educación bilingüe en asturiano y otra lengua”. Para él sería “lógico” que el asturiano fuera “una materia obligatoria”. En su opinión, todo va a depender del desarrollo que se haga de la cooficialidad y en su caso apuesta por un modelo que sea propio del Principado: “La cooficialidad hay que desarrollarla a través de una ley y se puede hacer un modelo propio asturiano, Asturias puede elegir su propio modelo teniendo en cuenta su realidad”, insiste.
