La competencia fiscal entre comunidades autónomas ha tenido su manifestación de mayor calado económico en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, como deja en evidencia un reciente trabajo del hacendista asturiano Ángel de la Fuente, que aporta, entre otros, el siguiente dato: las quince regiones adscritas al régimen de financiación común (todas, salvo las forales País Vasco y Navarra) dejan de ingresar cada año más de 1.700 millones de euros a consecuencia de las rebajas que todas ellas han aplicado en el tributo. El documento de De la Fuente corrobora además que el Principado ha sido la Administración fiscalmente menos generosa en tales reducciones.
Desde el punto de vista de los contribuyentes, la antedicha es la cantidad que se ahorran herederos y donatarios en la actualidad respecto a hace 20 años, antes de que, con el aumento de la capacidad de las autonomías para reformar los impuestos, los gobiernos regionales entraran en una espiral de cambios en Sucesiones y Donaciones, fuera por razones ideológicas, con el ánimo de atraer la localización de patrimonios o como estrategia defensiva para evitar su salida a territorios con una fiscalidad más ventajosa.
Ángel de la Fuente, economista gijonés y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha profundizado en los cambios impulsados por las autonomías en el impuesto para hacer una aproximación a su relevancia económica. Su trabajo comprende el período 2002-2019 e incluye la estimación de una variable que mide “el porcentaje de la recaudación potencial del impuesto (la que se habría obtenido aplicando la norma estatal sin modificaciones) que se sacrifica como resultado de la introducción de beneficios fiscales”. Los resultados permiten extraer conclusiones como las siguientes:
La media.
Como promedio, las autonomías han sacrificado el 56,89% de los ingresos potenciales del impuesto de Sucesiones, proporción que para el año 2019 equivale a un total de 1.685 millones de euros. El estudio llega hasta ese año y no recoge por ello los efectos de rebajas adicionales acometidas más recientemente por gobiernos como los de Andalucía y Galicia. Si se considerara su impacto y el de las rebajas que existen en los territorios forales, la merma agregada de recaudación superaría con seguridad los 1.700 millones de euros.
Canarias y Asturias.
Ambas regiones ocupan los extremos si se clasifica a las autonomías de mayor a menor según los ingresos relativos de los que habrían prescindido en 2019. El archipiélago renunció en ese ejercicio el 91,77% de la recaudación potencial del impuesto. Ahora bien, su situación ha cambiado desde entonces: Canarias, que había suprimido por completo el tributo para los herederos directos, lo recuperó desde 2020, incorporando un mínimo exento de 300.000 euros, la misma bonificación en vigor en Asturias desde 2017. Esa rebaja asturiana, sumada a algún otro cambio anterior, sitúan en el 37,47% los ingresos sacrificados por Asturias (26 millones en 2019). Es la tasa más baja entre las comunidades estudiadas. En el caso del Principado no ha habido cambios normativos en años más recientes.
Cantabria, La Rioja y Madrid.
La forma en que se han conducido las autonomías en materia de Sucesiones sitúa las primeras decisiones de rebajar el impuesto en Cantabria (2003) y La Rioja (2005), en ambos casos como medida defensiva frente al riesgo de deslocalización de contribuyentes en favor del limítrofe País Vasco, con un régimen propio (foral) y ventajoso para las herencias. El siguiente paso lo dio Madrid en 2005. Bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la comunidad madrileña acordó intensas reducciones en el impuesto y accionó la palanca de una competencia fiscal generalizada que ha perdurado desde entonces.
