La oferta, por parte de Sogepsa, de los solares que quedan vacíos en el residencial La Magdalena, y que están destinados a viviendas de protección, tiene pocos visos de ser apetecible para los constructores. Al menos, eso es lo que opina Manuel Campelo, uno de los empresarios que con más fortuna ha ido capeando la crisis en la región, y que ahora está a punto de comenzar la tercera fase de la urbanización que realiza en la calle Fuero. Y es que, en su opinión, de nada sirve que el precio del suelo sea más barato si el Estado no vuelve a la senda de impulsar con políticas efectivas la vivienda de protección oficial.
"Yo interpreto que es a la vivienda de protección oficial a la que se refiere la Constitución cuando dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. ¿Y quién tiene que ayudar? El Estado", subraya. Campelo hace memoria y se remonta a 1957, un año en el que el Estado otorgaba unas 50.000 pesetas por vivienda, a devolver en 50 años sin intereses, para quien se encargaba de construir. "Para los que no construían se crearon los patronatos laborales. Se juntaban ocho o diez personas y hacían lo mismo: compraban el terreno, iban al Ministerio, encargaban la obra, les daban el dinero y quedaban en devolverlo en 50 años", indica.
Ese, señaló, era un modelo válido. Otro modelo fue la puesta en marcha de la vivienda de protección oficial, en la que el promotor no cobraba nada de beneficio, esto es, el cliente pagaba estrictamente el coste de la vivienda. Y después, en compensación, el Ministerio daba al constructor 30.000 pesetas por cada vivienda. "Ese era el beneficio que teníamos. Todo el beneficio del promotor venía exclusivamente del Estado, no del cliente", indica.
Ahora, sin embargo, se cerró el grifo de las ayudas para las viviendas de protección oficial: "Igual consigues 8.000 euros... pero con tanta problemática que muchas veces a la gente no les interesa ni cogerlos". Tampoco existen bonificaciones en las licencias para las viviendas de protección: "Eso desapareció todo. Por eso hoy se hace cada vez menos vivienda de protección". Y tampoco es interesante para los compradores, asegura. "La diferencia puede ser de 1.500 a 2.200 euros el metro cuadrado. Pero estás bajo un yugo que te presiona y no te da beneficio alguno", dice.
Campelo liga esta situación a una gestión que él considera inadecuada de los recursos: "Los impuestos se pagan y no sabemos a dónde va ese dinero. No se hacen carreteras ni pantanos. ¿En qué se va el dinero? Habrá que eliminar al 70 por ciento de los políticos. O sus sueldos. Y que haya más honradez. No entiendo que estando en una dictadura en el 57 hubiera dinero para ayudar a los obreros en el tema de la vivienda y en 2017 no haya nada". Así que, en definitiva, lo que el constructor advierte es de que sin una apuesta económica para que la gente pueda acceder a una vivienda, el residencial de La Magdalena continuará con solares vacíos. Y lo dice alguien que construyó en esa misma urbanización varios bloques protegidos. "Ya no quiero hacer vivienda de protección oficial, te da todos los problemas del mundo y ningún beneficio", concluye.
