Tres policías avilesinos fueron sancionados por presuntamente “haber insultado al Ministro Maralaska”, cuenta Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés. Según la portavoz conservadora, “participaron en un chat de WhatsApp privado cuando dijeron lo que dijeron”. Esto, el hecho de que sea privado, es fundamental para la concejala. “Defendemos la libertad de expresión”, señaló. La Policía Nacional, sin embargo, no es de la misma opinión. Ha expedientado a tres profesionales que “tienen 200 felicitaciones públicas por su trabajo, pero son sindicalistas en el sindicato Jupol. ¿Será por eso que los sancionan?”, se preguntó Llamazares e inmediatamente se dio ella misma la respuesta: “Es una represalia”.
Las diputadas populares Paloma Gázquez (Asturias) y Ana Vázquez (Orense) han decidido llevar estos casos al Congreso. Lo van a hacer en forma de preguntas al Ministro aludido. Las dos representantes públicas son de la misma opinión que Llamazares (es lícito opinar sobre todo y todos cuando se hace en el ámbito privado). Insinúan que quien filtró la conversación es otro agente (incluido en el mismo chat) al que, según Gázquez y Vázquez, se le ha premiado “presuntamente con una Embajada”.
“Nosotros no justificamos el insulto al Ministro, pero recalcamos que lo hicieron en el ámbito privado”, destacó la concejala. Se da la circunstancia de que los expedientes (de empleo y sueldo) pueden afectar de manera negativa a sus próximos retiros profesionales (todos tienen experiencia de décadas y cuentan con las condecoraciones correspondientes que acreditan la profesionalidad). Lo que reclaman los populares es evitar que los mandos del Ministerio del Interior lleven “a los agentes a la sumisión”.
El sindicato Jupol, lo recuerdan Gázquez y Vázquez, “es el mayoritario en la Policía”.
