Representantes legales del Ayuntamiento de Castrillón y del grupo municipal Vox se vieron las caras ayer en la sede del Tribunal de Cuentas de Madrid a raíz de una denuncia efectuada por el grupo ultraconservador ante los sobrecostes de las nuevas instalaciones deportivas de Ferrota. Ni la alcaldesa Yasmina Triguero ni el concejal Alberto García Hevia viajaron hasta la capital para solventar el protocolo estandarizado de diligencias previas que marca el apartado “E” del artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Triguero se mostró ayer tranquila ante la situación, asegurando que “va todo según lo previsto” y que “Vox acusa al aire”. Por su parte, García Hevia no ha querido posicionarse al respecto y desde su partido aseguran que no darán declaraciones “hasta que no haya una sentencia judicial en firme”.
El grupo municipal de Vox en Castrillón acusó al Ayuntamiento de incrementar el valor de las obras del campo de Ferrota de 1,1 millones de euros hasta más de 1,7 millones. Esto supuso una subida del contrato en un 49,9 por ciento, rozando así –por tan solo 16,53 euros– el límite del 50 por ciento estipulado por ley para que el contrato fuera resuelto de manera directa sin que hiciera falta sacarlo de nuevo a licitación. Cabe recordar que, por el momento, no existe ninguna causa abierta.
El Tribunal de Cuentas abrió un proceso de diligencias previas, a través del cual se solicitó al Ayuntamiento toda la documentación pertinente en relación a las obras, la cual fue entregada. Ayer, ambas partes llevaron a cabo la revisión de la documentación aportada, lo que judicialmente se conoce como liquidación provisional. A la espera queda por tanto el dictamen definitivo de la consejera de Cuentas, una vez resulta la liquidación provisional. Desde Vox aseguran que dicha resolución “podría llegar entre verano y septiembre de 2022”.
Antigua causa archivada
La apertura de estas diligencias previas por parte del Tribunal de Cuenta tiene como precedente las abiertas, y archivadas, por la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, a través de la Sección Territorial de Avilés, quien solicitó hace dos años al Ayuntamiento la remisión de una copia completa del expediente del proyecto de reforma de la zona deportiva de Ferrota tras interponer Vox una denuncia contra la Alcaldesa y el resto del equipo de gobierno (IU, PSOE, Podemos) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Triguero ya explicó a este periódico que el aumento límite del 50 por ciento estipulado por ley en obras públicas “son márgenes que tenemos muy claros”. Por tanto, ya que el incremento fue del 49,9 por ciento, “nos están denunciando por algo que no hemos incumplido”.
