El PP pide al Alcalde que pague la multa que ha cargado al municipio

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El PP de Carreño ha instado al alcalde, el socialista Ángel Riego, a que devuelva el dinero que el Ayuntamiento ha pagado en su lugar para hacer frente a una multa impuesto por el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón por el incumplimiento de una sentencia urbanística. Los conservadores han criticado la postura del gobierno local (PSOE e IU), que hace unos días proclamó que la multa impuesta a Riego por no demoler parcialmente la cubierta de una casa en el Camino del Faro debería pagarla la oposición, que en su día no votó en el Pleno para realizar dichos trabajos.

El incumplimiento de la sentencia ha llevado al juez a imponer una segunda multa al Alcalde -en este caso, dirigida a su persona- de 1.200 euros. El juez va más allá y advierte, a través de un auto, de que en caso de no realizar el pago se recurrirá a la vía penal. Por este motivo los populares lo tienen claro: «La multa impuesta al Alcalde la debe pagar el Alcalde, no todos los vecinos a través del Ayuntamiento».

Y añaden: «Esta multa, como la anterior, se le impone a Riego personalmente». Lo novedoso, según indicaron «es que el magistrado, para que no quepa ninguna duda, pone en el auto, entre paréntesis y bien clarito, el nombre y apellidos del Alcalde, para que nadie albergue dudas acerca de lo que el PP ya denunció públicamente, que no era el Ayuntamiento quien debía pagarla, como ha ocurrido». De momento el Ayuntamiento hizo frente a un pago de 400 euros (la multa inicial era de 400 euros al mes hasta ejecutar el fallo).

Los populares señalaron que ésta nueva multa «constata la escasa voluntad de ejecutar una decisión judicial por parte de Riego», y plantearon como posible solución que la demolición de la cubierta de la vivienda se realice con medios materiales y personales municipales, para dar así por cumplida la resolución de los tribunales, para la que resta un plazo de tres meses.

«Nadie está por encima de ley, aunque algunos han pretendido torear una resolución judicial, y ahora el agua les llega al cuello», critican los populares. Y advierten de que «los vecinos no tienen que pagar las consecuencias de la mala administración del actual gobierno municipal. El Alcalde debe pagar las multas, porque el magistrado se las ha impuesto a él personalmente. Mientras sea alcalde debe asumir las responsabilidades que le atañen, porque ése es su deber mientras permanezca en el cargo».

La vivienda del Camino del Faro fue construida hace ocho años incumpliendo una reglamentación urbanística en lo referente a las alturas, motivo por el cual el juez resolvió que debe derribarse su cubierta. Tres años después de que la sentencia de derribo saliese firme de los Juzgados, el Alcalde aún no la había ejecutado, motivo por el cual el juez comenzó a apremiar al primer edil mediante la imposición de multas. Debido a dificultades en la redacción del proyecto, y en la contratación de las obras de derribo, que aún no se han efectuado, el Alcalde aún no ha ejecutado la sentencia.