La oposición responde al «decretazo» del Alcalde rebajando el sueldo de la edil liberada

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Carreño tendrá un solo concejal liberado, la socialista Amelia Fernández, quien percibirá un sueldo de 20.800 euros anuales, mientras que la organización de gobierno se establecerá mediante ocho comisiones informativas. Además, se creará una comisión informativa trimestral adicional para dar cuenta de las decisiones tomadas por el alcalde en los órganos supramunicipales. Así lo acordó ayer el pleno por mayoría, con el voto de los cinco partidos de la oposición que habían llegado previamente a un acuerdo para establecer la organización municipal al margen de la fuerza ganadora de las elecciones, el PSOE. A saber, PP, Foro Asturias (FAC), Unión Independiente de Carreño (UICA), Carreño Unido (CAUN) y Unidá Nacionalista Asturiana (UNA).

La postura de estas formaciones ya era conocida, pero se recrudeció ayer aún más, llegando a rebajarse el sueldo de la única liberada de los 28.000 euros inicialmente contemplados a los 20.800 que cobrará finalmente. Una decisión tomada por los cinco de la oposición tras decretar el pasado jueves el alcalde, Ángel Riego, una resolución por la que se reservó para sí mismo la representación del Ayuntamiento en órganos externos como el Puerto de Gijón o Cajastur. Estos órganos colegiados llevan asociada una dieta por asistencia, que alcanza en algunos casos los 6.000 euros, como es el caso del Puerto, y eso sí, la oposición logró ayer que el 90 por ciento de esos emolumentos fueran a parar a las arcas del Ayuntamiento.

Las ocho comisiones que conforman el sistema de gobierno llevarán, además, los nombres y el contenido que para ellas han designado desde la oposición, a pesar de que el PSOE elevó su propia propuesta al pleno, que fue rechazada. La reducción del sueldo de Amelia Fernández no sentó nada bien a la portavoz del grupo socialista, quien avisó de que la medida mostraba una «deriva peligrosa e insana del sistema democrático», y tanto gobierno como oposición mantuvieron un agrio debate en el que no siempre se mantuvieron las formas. Susana Corredor, de FAC, protestó por lo que consideró un «menosprecio» del gobierno a sus propuestas, al tildarlos de «acuerdos express» o «compra de voluntades».