El Alcalde paga con dinero municipal su defensa por agredir a un policía, asegura el PP

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

El PP de Carreño ha pedido al alcalde, el socialista Ángel Riego, que no cargue al Ayuntamiento los gastos de su defensa «en los procesos penales que le afectan». Los populares -tras efectuar una solicitud de información en relación con los procesos judiciales que enfrentan al edil con algunos integrantes de la plantilla local de Policía- han denunciado que las arcas municipales han pagado «1.545 euros al letrado Luis Tuero», abogado de Riego en su defensa por los casos de agresión e intimidación.

El último de ellos, en el que se acusa a Riego de agredir a un funcionario público a la salida de un Pleno el 30 de septiembre de 2010, está visto para sentencia. La fiscalía ha solicitado que se condene al Alcalde por la agresión a un policía, imponiéndole una multa diaria durante un mes y una indemnización de 150 euros a pagar a la presunta víctima por gasto médico.

Ha sido precisamente el cariz que ha tomado este último caso judicial -en el que la acusación ha presentado varios testigos y un parte médico- el que ha desembocado en la petición del PP. «Consideramos que los procesos penales en los que Riego está implicado, como querellante o querellado, no tienen que ver con el ejercicio de su cargo, sino que se refieren a hechos acontecidos fuera de las dependencias municipales y que no guardan relación alguna con el ejercicio de su cargo», alega el portavoz de los populares, José Ramón Fernández.

Riego está pendiente además de que se celebre la vista por su denuncia contra los policías que ese mismo día de septiembre de 2010 se concentraban a las puertas del Pleno. El Alcalde considera que a través de tal acto lo estaban «intimidando».

«No puede ser que paguemos una factura que únicamente debe ser satisfecha por Riego», le afea Fernández al Alcalde. «Es indecente que en un caso como éste todos los vecinos sostengamos con dinero público la defensa de un Alcalde acusado de agresión por un subordinado suyo que ostenta la condición de funcionario», opina. Por ese motivo, Fernández cree que Riego debe «devolver esas cantidades».

Más aun, considera que «resulta moralmente insostenible que el Ayuntamiento pague al abogado del presunto agresor, mientras el presunto agredido, funcionario del Ayuntamiento y al que le resulta aplicable la misma norma que al Alcalde, no tiene reconocido el mismo privilegio». Este periódico trató ayer, sin éxito, de recoger la versión del alcalde de Carreño.