Los juicios de Riego contra los policías costaron al erario público 4.379 euros

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

Los juicios del alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, contra los policías locales del municipio supusieron un gasto público de 4.379 euros. Según desvela un informe de Intervención solicitado el pasado mes de septiembre por el PP de Carreño y que se ha dado a conocer ahora, de acuerdo con criterios de «solvencia profesional» se decidió contratar al letrado Luis Tuero Fernández y a la procuradora Inés Ucha Tomé para representar y defender los intereses de Ángel Riego en los tribunales.

Fueron dos los enfrentamientos ante el juez que Riego mantuvo con los agentes de Policía, ambos por el mismo suceso: un enfrentamiento verbal y físico entre los agentes y el primer edil a la salida de un Pleno, en el año 2011. Riego rompió una bandera sindical sobre el hombro de un policía que se manifestaba, lo que propició una denuncia por lesiones. Al mismo tiempo, el Alcalde interpuso otra querella por verse acosado a la salida del Pleno.

Mientras el litigio por el que fue acusado Riego fue ganado por el Alcalde, el segundo, el que él mismo inició, no llegó a juicio, tras ser retirada en última instancia la demanda, lo que, no obstante, conllevó gastos procesales.

Desde el PP, formación que se interesó por el gasto en abogados de los dos procesos, han tildado el mismo de «derroche». «Con diálogo y buena voluntad entre el Alcalde y los policías hubiéramos evitado estas situaciones y estos gastos innecesarios, que al final recaerán en los de siempre, en los vecinos de Carreño», lamentó el portavoz del PP, José Ramón Fernández.

Más aún, el edil popular manifestó su interés en que «no se produzca más el espectáculo lamentable de ver enfrentados en los tribunales del orden penal al Alcalde, quien por ley ostenta la jefatura de la Policía, con sus subordinados».

Y arrojó dudas sobre la necesidad de que el gasto de 4.379 euros tuviera que ser sufragado por los contribuyentes. «Dichos gastos se han generado a pesar de que el Ayuntamiento dispone de una abogada a través de la mancomunidad, la cual, por orden del Alcalde y teniendo en cuenta que estos procesos judiciales se consideran de carácter público por afectar al primer edil en el ejercicio de sus funciones, debería encargarse de todos los pleitos, también los de carácter penal», explicó Fernández. Recordó, además, que la abogada «es retribuida con 50.000 euros anuales por llevar a cabo ese trabajo».