La propiedad de la Torre de Celles recibe una nueva multa por la ruina del inmueble

Oviedo / Celles (Siero),

Franco TORRE

El Principado de Asturias impondrá una nueva multa a la propietaria del palacio de la Torre de Celles, la tercera en apenas dos años, por el avanzado estado de deterioro que presenta el edificio. Un inmueble que fue declarado en 2003 bien de interés cultural (BIC), la máxima figura de protección que prevé la ley de patrimonio del Principado, pese a lo cual no ha sido sometido a ningún tipo de trabajo de rehabilitación en estos años.

Según fuentes de la Consejería de Cultura, la decisión de imponer esta nueva multa a la propietaria ha sido acordada por la Comisión Permanente de Patrimonio Cultural. Aunque todavía no se ha fijado la cuantía, todo parece indicar que la multa será de 600 euros, el mismo importe de las dos sanciones anteriores, y cantidad máxima que prevé la ley. En todo caso, esta sanción puede reiterarse las veces que sea necesario, y no es incompatible con otras.

Esta nueva sanción llega a consecuencia de que la propia Comisión Permanente de Patrimonio Cultural rechazó una petición de la propietaria para prorrogar un plazo de seis meses que se le había concedido para presentar un informe técnico y jurídico, encaminado a garantizar la pervivencia del monumento, una de las joyas de la arquitectura barroca asturiana. El rechazo a ampliar ese plazo administrativo se apoya, asimismo, en argumentos legales, toda vez que no se podría prorrogar una vez vencido.

Esta nueva sanción ha sido bien recibida por la Asociación de Vecinos «San Juan Bautista» de Celles, entidad que ha sido la impulsora del expediente administrativo por el cual se han iniciado las medidas sancionadoras contra la propietaria del palacio. La presidenta de la asociación, Carmen Blanco, señala al respecto: «Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio tienen hecho su trabajo, están cumpliendo con su labor de manera escrupulosa, pero consideramos que no pasa lo mismo con los políticos, que son los que deberían hacer cumplir la ley, y hasta ahora no lo han hecho».

A juicio de Blanco, la ley de patrimonio tiene medidas más agresivas para obligar a la propietaria a intervenir sobre el inmueble, así como la posibilidad de que la propia Administración acuda a una ejecución subsidiaria; pero la representante vecinal entiende que la posición social y la condición de jurista de la propietaria han redundado en una cierta inhibición de los representantes políticos.