Perlora,

Braulio FERNÁNDEZ

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) seguirá siendo motivo de discordia entre el Ayuntamiento de Carreño y los vecinos de las parroquias de Perlora y Carrió. El gobierno del PSOE ha anunciado que la versión final de este documento, que gestionará el urbanismo de Carreño durante las próximas décadas, estará listo en los próximos días. Sin embargo, el nuevo texto, cuya versión provisional fue aprobada ya hace un año, no incluye ninguna modificación de planeamiento en las parroquias de Perlora y Carrió, que seguirán ateniéndose a las normas del suelo de 1993.

«No nos consta que se haya producido ningún cambio en lo que respecta a Perlora y Carrió, ni el gobierno se ha reunido con nosotros para tratar nada que tenga que ver con el texto refundido del PGO», aclaraba ayer Ildefonso Segundo, que forma parte del partido Carreño Unido, integrado por un grupo de vecinos de la parroquia de Perlora. El texto refundido, o la versión final del PGO, tan solo variará con respecto a la aprobación provisional que se llevó a cabo hace un año en que «se incorporarán las rectificaciones que nos señaló la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)», según explicó la concejala de urbanismo, Cecilia Tascón.

Así las cosas, el PGO no adaptará la gestión del suelo en Perlora y Carrió a los nuevos tiempos, como sí sucederá en el resto de parroquias del concejo, y todo por la negativa de los vecinos y de la oposición en el Ayuntanmiento a aceptar un planeamiento que favorece a las grandes empresas y perjudica a los vecinos, según exponen. «Se favorece claramente a determinadas personas y empresas, como es el caso de HC Energía», clama Ildefonso Segundo. Más aún, este vecino señala cómo «los propios redactores del PGO han reconocido recientemente que con el nuevo planeamiento se beneficia a la gran empresa y que los particulares tendrán muy difícil sacar provecho de sus terrenos, por las cargas urbanísticas que se preveen».

Mientras un vecino, para construir una casa en uno de los terrenos de su propiedad, está obligado a ceder parte de su espacio para carreteras o zonas verdes, las empresas disponen del cien por ciento del suelo del que son titulares. Y esa es la principal disputa entre con el Ayuntamiento, que parece abocada a resolverse en los tribunales. «Tenemos presentado un recurso por la vía de lo contencioso administrativo en los Juzgados, y aún en los últimos días hemos estado aportando nuevos datos», puntualiza Segundo.

El hecho de que Perlora y Carrió no cuenten todavía con un planeamiento urbanístico moderno tiene como consecuencia más directa para los vecinos de esas zonas que deben regirse por las normas urbanísticas anteriores, es decir, las de 1993, mientras el resto del concejo está gobernado por una nueva norma urbanística, aprobada provisionalmente en enero de 2012 y por la que ya se conceden licencias.

Más curioso aún es el caso de Perlora, ya que una parte de la parroquia está regida por el plan general urbano de 1993 y otra por el de 2012. Esto implica que a la hora de edificar, comprar un terreno o hacer reformas en una casa hay dos leyes con veinte años de diferencia entre sí en las que basarse, dependiendo del lugar en que se quiera operar.