La declaración del Alcalde ante la comisión del vertido de Guimarán, aplazada sin fecha

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

Las declaraciones por el caso de los vertidos ilegales en una finca de Guimarán del alcalde de Carreño, Ángel Riego (PSOE), y del secretario municipal han sido pospuestas sin fecha, según confirmaron ayer fuentes del gobierno. No existe, sin embargo, ninguna objeción a que Riego y el funcionario den sus explicaciones ante la comisión de investigación que trata de dilucidar las causas de un vertido ilegal que se produjo durante más de una década y que dejó más de 50.000 metros cúbicos de escombros y otros residuos en una zona protegida.

De hecho, según aclaró ayer la portavoz del gobierno, Amelia Fernández, «el Alcalde y el secretario municipal mostraron total disponibilidad para responder a las preguntas que quisieran formularles en la última reunión, la celebrada el pasado 25 de marzo». Según explica además en un comunicado el PSOE, fue el concejal de la Unión Independiente de Carreño, Ramón Artime, quien «alegó que no tenía preparadas las preguntas, que mejor hacerlas otro día». «Tal circunstancia consta así en el acta de dicha comisión», señalan desde la agrupación local del PSOE.

La declaración de Riego y la del secretario son consideradas claves para tratar de clarificar el motivo por el cual el Ayuntamiento no detuvo un vertido de tales magnitudes, a pesar de que se inició la tramitación de hasta once expedientes sancionadores por parte de la Policía, por lo que se consideraba una actividad que no contaba con permiso municipal.

El Alcalde también emitió otras tantas resoluciones advirtiendo a los responsables de la finca de la ilegalidad de la actividad, hecho que no sirvió finalmente para su paralización, llevando al emplazamiento entre los barrios de El Monte, en Logrezana, y La Rebollada, en Guimarán, a una situación de deterioro tal que, incluso, amenaza la seguridad de las casas en sus alrededores.

Según informes municipales, la reparación de los daños en la finca podría alcanzar el millón de euros, si finalmente la Fiscalía de Medio Ambiente detecta indicios de delito en la actividad que supuso el depósito de escombros de forma incontrolada.

En el PSOE quisieron dejar clara la predisposición de todos sus concejales y ex concejales llamados a declarar para comparecer ante la comisión. Dos de ellos, Norberto Folgueras, concejal de Urbanismo, y Áurea Gutiérrez, teniente de alcalde, durante los años del vertido, no han prestado su declaración, debido, según el PSOE, a «asuntos familiares y laborales».

Integrantes de la comisión de investigación adelantaron ayer que, una vez conocidas las explicaciones del PSOE por la no comparecencia de los ex ediles, se solicitará que vuelvan a ser llamados a dicha comisión.