El fin de una unión de más de veinte años

I. GARCÍA/ B. FERNÁNDEZ

La Mancomunidad del cabo Peñas languidece desde hace meses. Sin embargo, desde que el Ayuntamiento de Gozón aprobó su separación del ente comarcal el pasado jueves esa agonía se ha tornado fatal. Los gozoniegos dieron un plazo de un mes a Carreño para reestructurar la mancomunidad como paso previo para poder lograr una rebaja de 180.000 euros en las aportaciones anuales. O eso, o la disolucion. Ese órdago le salió rana a Gozón, ya que Carreño replicó que no está dispuesto a aceptar «chantajes», y menos de un moroso.

Pese a que Gozón fue quien inició el camino para la disolución del órgano comarcal, el alcalde, Ramón Artime, afirmó ayer que su Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad en el hecho de haber llegado a esta situación. «El cien por ciento de la culpa es de Carreño, eso está claro; llevamos con esta misma idea más de tres meses y lo que planteamos, la idea de mancomunidad asimétrica para que cada concejo aporte por los servicios que desee mantener, es del alcalde de Carreño, Ángel Riego», manifestó ayer Artime, que indicó además que «parece que el regidor carreñense no se comunica con los miembros de su gobierno» teniendo en cuenta las declaraciones de Amelia Fernández, portavoz del PSOE de Carreño, que afeó al Ayuntamiento de Gozón la deuda que mantiene con el órgano comarcal. «Cada vez cuesta más confiar en un compañero que no paga, que amenaza, y que además se permite el lujo de exigir al que cumple», manifestó Fernández el pasado viernes.

Sobre la deuda, Artime destacó que Carreño tendría que hablar también del dinero que adeuda «por el consumo de agua de la piscina de Antromero, porque debería pagarse al cincuenta por ciento». La deuda de Gozón con la mancomunidad supera los 150.000 euros.

Responsables de la disolución aparte, este es el último capítulo de una larga serie de anuncios por parte de Gozón para reformar o finiquitar el ente supramunicipal. Y en el trasfondo de todo está la imperiosa necesidad de aligerar la carga económica que suponen una docena de servicios públicos creados en época de bonanza.

La anterior línea del horizonte de la mancomunidad data de hace pocos meses más, concretamente del pasado 31 de enero, cuando Ramón Artime puso fechas límite para presentar un proyecto en firme que consiguiera reducir el gasto en 180.000 euros. Una rebaja sustancial con respecto a los 428.000 euros que aporta, a duras penas, a las arcas mancomunadas.

Políticos a un lado, los que están en estado de máxima expectación son los trabajadores laborales, funcionarios, empleados por cuenta ajena y asalariados, además de las empresas externas que prestan sus servicios a la Mancomunidad del cabo Peñas, y que desde hace cinco años -esos en los que Gozón tuvo dificultades para aportar su parte de la pensión al órgano comarcal- ven como cada mes peligra su sueldo. Los trabajadores, por el momento, han conseguido cobrar, fruto de la previsión de gasto por parte de la intervención de la mancomunidad.

Lo más llamativo es que no sólo los plazos han sido modificados con el paso del tiempo, sino también las propuestas para modificar el ente supramunicipal. A aquellas primeras propuestas de disolución del gobierno gozoniego de 2010 se pasó a los proyectos para «mancomunar más y ahorrar más», del entonces vocal delegado Florentino Cuétara, en 2011, y luego de nuevo a los serios recortes planteados en la historia reciente, los que preveía Salvador Fernández, ex alcalde de Gozón, y que pretendían reducir a la mitad la plantilla del órgano comarcal.

El testigo del recorte fue recogido por el sucesor de Fernández, Ramón Artime, quién amenazó con «o reforma o disolución» para apremiar a Carreño a alcanzar un acuerdo: «Hay que rebajar en 180.000 euros el gasto». Y con este culebrón sobre la mesa se acaba una idea surgida a finales de los años ochenta y planteada, precisamente, para ahorrar costes a ambos concejos.