La oposición pide que se negocie una reforma de la Mancomunidad del Cabo Peñas

Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La oposición política de Carreño discrepa de la postura del gobierno del PSOE, en minoría, con respecto al futuro de la Mancomunidad del Cabo Peñas, cuya disolución aprobó en Pleno la semana pasada el Ayuntamiento de Gozón, y pide que se lleve a cabo una negociación con el concejo vecino para promover una reforma del ente comarcal que permita su supervivencia. Gozón ha dado un plazo de un mes a Carreño para evitar la desaparición de la entidad.

El gobierno se ha mostrado intransigente, manteniendo su postura de que el órgano comarcal se mantenga tal como es ahora, y ha asegurado que no cederá a «chantajes».

«Los socialistas actúan en la Mancomunidad como sindicalistas que defienden intereses particulares, ignorando conscientemente que su papel es el de un gobierno que debería defender el interés general», lamenta José Ramón Fernández, portavoz del PP. «Es necesario prescindir de los servicios duplicados de la Mancomunidad para así ahorrar más de 150.000 euros que deberían ser destinados a reforzar los servicios públicos municipales de prestación obligatoria», opina el edil, partícipe de la continuidad del ente supramunicipal, aunque con una cara bien distinta.

«Tan irresponsable es cerrar la Mancomunidad como mantener los servicios actuales», considera Ramón Artime, portavoz de UICA. En su opinión, «es necesario refundar el ente con los objetivos para los que fue creado: abaratar costes a los dos ayuntamientos», y pide al alcalde, Ángel Riego, que ha defendido los servicios actuales, «que explique a la gente para qué sirven todos y cada uno de los servicios que la ciudadanía costea», ya que «mantenerlos para nada es un fraude a la ciudadanía». La polémica surge por la duplicidad de algunos servicios, que ya existen en los ayuntamientos.

Por parte de Foro Asturias, Susana Corredor lamentó que «el gobierno siga empeñado en dejar la Mancomunidad como está, como si la historia no fuera con ellos». Dice que si el órgano comarcal «no ahorra costes a los ayuntamientos, no vale para nada», y sospecha que la postura gubernamental es «culpar a Gozón de su desaparición, a pesar de no haber sido capaz de trasladar una postura viable para que el ente continúe».