El Partido Popular exigió ayer al equipo de gobierno regional "claridad" en relación al estado de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, tras conocerse que el Principado ha solicitado licencia de obra al Ayuntamiento de Carreño para derribar cinco chalés del complejo turístico más grande de Asturias, dentro de su plan de mantenimiento. En este sentido, se pronunció el diputado del PP, José Agustín Cuervas- Mons, que reconoció sentirse "engañado" por el Ejecutivo autonómico, al no ser informado su partido de la intención que tenía el Gobierno de demoler varias de estas construcciones.

"En la negociación de los presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular preguntó a la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre el recinto vacacional y nos informaron de que este año se llevarían a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación a través de una partida de 200.000 euros. Pero no se habló de derribar ninguna edificación", manifestó Cuervas-Mons. Por eso, el PP instó ayer al gobierno del Principado a que diga "de una vez por todas la verdad" sobre el presente y el futuro de la Ciudad de Vacaciones de Perlora.

En relación a ello, el diputado del PP también criticó al equipo regional socialista por incumplir la proposición no de ley que, según recordó, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento asturiano el pasado mes de septiembre y que instaba al Gobierno a presentar un plan, con el objetivo de frenar el estado de ruina en el que se encontraba el complejo carreñense. Aun así, "ese documento a día de hoy no se ha presentado", matizó Cuervas-Mons, que lamentó también que las instalaciones perlorinas "se hayan dejado caer así". No obstante, "los socialistas ya están rebasando el límite y pasarán a la historia no sólo como los que cerraron este complejo, sino también como sus verdugos", agregó.

En el ámbito municipal, José Ramón Fernández, portavoz del Partido Popular en Carreño, que acudió ayer a Perlora acompañado por el secretario general de la agrupación en el municipio, Rafael Solís, denunció al Ayuntamiento de Carreño por eludir el deber de conservación de las construcciones de la Ciudad de Vacaciones, de acuerdo con el Plan General de Ordenación así como con el texto refundido del Principado en materia de urbanismo. Ante esta situación, el PP ya interpuso en agosto una denuncia al gobierno municipal, que según Fernández, el "alcalde ha debido meter en un cajón. De este asunto no se ha aportado ninguna información, por lo que deducimos que la decisión es tratar al Principado de forma privilegiada en comparación con el resto de vecinos", concluyó.