Desalojan por orden judicial a la familia encerrada en su casa del paseo de Candás

Una orden emitida por el Juzgado contencioso administrativo de Gijón sirvió ayer para acabar con LOS diez días de encierro de la familia Vázquez Prendes en su propio domicilio del paseo marítimo de Candás. Del mismo fueron desalojados hace un año por riesgo de desprendimientos. En señal de protesta, habían vuelto a la casa sin permiso para reclamar una solución que no acaba de llegar.

La orden judicial había sido solicitada el pasado lunes por el alcalde de Carreño, Ángel Riego, y se emitió "en cumplimiento de lo ordenado en la resolución de Alcaldía", según reza en el texto. El desalojo se produjo pocos minutos después de las diez de la mañana. Una hora antes cuatro agentes de la policía local de Carreño habían accedido al domicilio de los Vázquez Prendes, haciéndoles entrega de la orden judicial. Tras recoger sus efectos personales, el matrimonio encerrado en su propio domicilio acompañó a los policías de forma pacífica.

A su salida, Alicia Prendes manifestó que las peticiones que les llevaron a ella y su marido a encerrarse en la casa "siguen sin ser respondidas", por lo que los afectados seguirán esperando que el Ayuntamiento les diga algo sobre la limpieza de los argayos en la parte trasera de su casa. De momento, se instalarán en una vivienda social que el Ayuntamiento pondrá a su disposición, según les fue comunicado por el propio Riego unas horas después del desalojo.

El gobierno del PSOE ordenó a la familia que se hiciese cargo de la reparación de los desperfectos por los argayos el pasado otoño, a pesar de que el monte es propiedad municipal. Los afectados presentaron una petición de licencia de obras para realizar los trabajos por su cuenta y poder volver así al domicilio, pero les fue denegada. Se les exigía un proyecto técnico más completo e informes de seguridad. Los Vázquez Prendes alegaron contra esa medida, argumentando que se trataba de una obra menor, que no requería de esos trámites burocráticos, pero nunca recibieron contestación. Y tampoco llegó la licencia, por lo que su ausencia de la casa del paseo marítimo se prolongó aún más debido a los trámites burocráticos. Tanto se prolongó que, cansados, ocuparon la casa precintada el pasado 16 de febrero.

El desalojo de ayer se produjo, además, un día después de que se diese a conocer la disposición del gobierno a reparar los daños de los argayos en el paseo marítimo, menos en lo que afecta a la vivienda de los Vázquez Prendes.

La familia se mostró "disgustada" por el desalojo, aunque lo esperaban, y anunciaron su intención de interponer un recurso de apelación contra la resolución dictada por el juez del contencioso administrativo de Gijón, para lo que cuentan con un plazo de quince días. Eso no servirá para que regresen a su casa, y de momento, tampoco para que reparen los daños de terceros que les impiden volver a ella.