El Alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, insiste en "no tener conocimiento de haber cometido ni una sola infracción administrativa, penal o contable", pese a que el juez le ha imputado, junto al edil de Festejos, José Manuel Muñiz, en el caso del fraccionamiento de contratos para las fiestas locales. El regidor y el concejal tendrán que volver a declarar el próximo 21 de julio ante el Juzgado de instrucción número 3 de Gijón, que investiga si, como sospecha la fiscalía, existió prevaricación en las adjudicaciones directas realizadas en el área de Festejos entre 2007 y 2011.

"Vuelvo a decir que tengo la conciencia tranquila; en ningún momento hemos burlado los controles, ya que ni la secretaría ni la interventora municipal pusieron reparo alguno a la contratación de orquestas durante esos años", manifestó ayer Riego, que aclaró que esta nueva citación del juez "no cambia la denuncia". "Volveremos a declarar y punto; no hay más historias", remató.

Mientras, el principal grupo de la oposición en Carreño, el Partido Popular, exige al alcalde que revoque la delegación de competencias que tiene el edil de Festejos y que sean asumidas por un concejal que "no esté metido en estos tejemanejes". Ahora bien, si el proceso sigue adelante y se llega a un juicio, "pediremos más responsabilidades", como aseguró el portavoz de los populares en el concejo, José Ramón Fernández. Los populares también solicitan al gobierno socialista que se expliquen ante los vecinos. "Dijeron que iban a convocar una reunión con los ciudadanos para aclarar el asunto y todavía estamos esperando", critica Fernández.

Por su parte, la edil de Foro, Susana Corredor, asegura que "la ley es muy clara" y que "no vale decir que nadie nos advirtió de que estábamos cometiendo irregularidades. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento".

El resto de formaciones que atendieron ayer a este periódico no quisieron echar más leña al fuego. El concejal de IU, Ángel García, pide prudencia hasta conocer nuevos informes. "Hay que dejar que la Justicia trabaje y no meternos en su camino. De todas formas, que estén imputados no quiere decir nada por ahora; sólo que han participado en unos trámites administrativos", dijo. En la misma línea se pronunció la edil de la Unión Independiente de Carreño (UICA), Joana Canals, quien matiza que "el caso está en fase de averiguación. Nosotros estamos de acuerdo en que se investigue el asunto en aras de conseguir una mayor transparencia en el Ayuntamiento, pero no vamos emitir ningún juicio de valor sobre el alcalde y el concejal de Festejos". UPyD del Cabo Peñas, sin embargo, exige directamente la dimisión de los dos imputados.

Los socialistas fueron denunciados, a petición del sindicato Manos Limpias, por la fiscalía el pasado mes de abril, junto a la empresa Sarcastic Producciones Artísticas S. L. y los funcionarios que participaron en la contratación directa de orquestas, por cinco posibles delitos de prevaricación administrativa y uno de tráfico de influencias. Según la fiscal jefe del área de Gijón, "el fraccionamiento de contratos, además de conculcar una ley de tipo administrativo, tiene consecuencias en el ámbito penal".

Las presuntas irregularidades tuvieron lugar en el Ayuntamiento entre 2007 y 2011. Durante ese tiempo, en Carreño se realizaron más de un centenar de recibos por valor de 600.000 euros. En algunos casos, el gobierno optó por realizar facturas de menor importe, evitando la licitación pública. El asunto fue destapado por la oposición, que forzó al gobierno a cambiar sus prácticas, por medio de la aprobación, en el Pleno de abril de 2012, de una moción "para desechar la utilización de contratos menores en Festejos".