"Vivo en un piso de alquiler. Y entre eso y los gastos de tribunales, los abogados, los informes técnicos... nos están empobreciendo. Quiero volver a mi casa de una vez". Estas palabras las pronunció ayer Alicia Prendes, propietaria de la vivienda que el 17 de marzo de 2013 fue desalojada a causa de un argayo que obligó a cerrar también el paseo marítimo. Después de 21 meses fuera de su hogar, a Alicia Prendes le cuesta expresar su dolor. "Han tratado de cargarnos a nosotros, que somos víctimas de los desprendimientos, una responsabilidad que es del Principado. La sentencia pone de manifiesto la falta de escrúpulos del gobierno socialista de Carreño", se quejó. A día de hoy el argayo que afectó a su propiedad no ha sido reparado. "Hicieron unas obras que no sirvieron para arreglar el problema y encima se llevaron a cabo dentro de mi propiedad y sin permiso", protestó Prendes, que quiso dejar claro: "No soy de ningún partido político".
La familia desalojada también cree que el desprendimiento de 2013 se pudo haber evitado "si el Principado hubiese cumplido sus obligaciones". De hecho, en 2010, alertaron al Ayuntamiento de que ladera próxima a su vivienda se podría venir abajo en cualquier momento. Y lamentablemente así fue.
