Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha eximido a la familia desalojada de su casa en el paseo marítimo de Candás de realizar las obras de reparación del argayo que provocó su desalojo. Dicho argayo, ocurrido en 2013 en la ladera del monte Fuxa, de propiedad municipal, afectó al paseo marítimo, que se cerró, y a la vivienda en la que residía Alicia Prendes, que fue desalojada. A partir de entonces, el Ayuntamiento de Carreño dictó diversas resoluciones en las que obligaba a la propietaria de la vivienda a hacerse cargo de las obras de reparación del argayo, a pesar de que el material desprendido procedía de terrenos de propiedad municipal.

Con todo, trataron de hacer la obra, pero, según aseguran, tuvieron numerosos impedimentos administrativos para acometerla.

Desde que sucediera el desprendimiento, la propietaria y su familia no residen en su hogar, y han clamado de forma reiterada por su vuelta a casa. Llegaron, incluso, a romper el precinto y encerrarse en su vivienda en señal de protesta, pero fueron desalojados de nuevo, por mandato judicial.

No obstante, ellos siguieron adelante y decidieron acudir a los tribunales para luchar por sus derechos. Paralelamente, los vecinos iniciaron una campaña de recogida de firmas para pedir que se restituyera la ladera del monte Fuxa. Finalmente, el juez le ha dado la razón a la familia.

"La sentencia desmonta los argumentos empleados desde 2013 tanto por el anterior alcalde, Ángel Riego, como por la actual alcaldesa, Amelia Fernández, así como por el Gobierno socialista del Principado", sostiene Alicia Prendes. Y añade que "el intento de trasladarnos la responsabilidad se fundamentó en supuestas obligaciones y responsabilidades que ahora esta sentencia dice que no tenemos. Por todo ello, queremos reivindicar nuestra actuación como ciudadanos que únicamente defendemos nuestros derechos, y algo tan elemental como poder volver a nuestra casa".

Por todo ello, Alicia Prendes pidió "a la actual alcaldesa y a la consejera de Fomento, Belén Fernández, que asuman sus obligaciones, cumplan esta sentencia y lleven a cabo las obras que están eludiendo desde 2007. Ya no hay excusas. La seguridad de todos lo exige", concluye.