El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Carreño asegura que "el gobierno local pondrá toda la información disponible a disposición del Fiscal", en relación a la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA sobre el engorde de facturas solicitado a una proveedora, encargada del servicio de recogida de animales. En una grabación realizada por dicha proveedora, que ayer fue transcrita en parte en estas páginas, el teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Gabriel Rodríguez, le pedía que incrementase el número de perros acogidos en la factura para afrontar los gastos que suponía el retraso en el pago, ya que la interventora no se enteraría. Además, Rodríguez aseguraba que la alcaldesa, Amelia Fernández, estaba al tanto y también que en dos ocasiones abandonaron perros en otros concejos.

"De inmediato, al conocer la noticia, se han dado instrucciones a la intervención municipal y se están comprobando la concordancia de los datos manejados con las facturas emitidas y que no exista ningún tipo de irregularidad en las mismas, y se convocará una comisión informativa la próxima semana en la que se aportará nuevamente a los grupos políticos de Carreño toda la información y expedientes que obran en el área de Medio Ambiente de cada uno de los animales", señalan fuentes del gobierno local.

"El problema de la deuda contraída con la citada Guardería es del año 2017", prosigue el gobierno municipal en su comunicado, "porque hubo más abandonos que presupuesto inicialmente destinado para su alojamiento y manutención". Las facturas pendientes, junto con las de otros proveedores, que no se pudieron pagar por falta de crédito disponible, "se llevaron dos veces como reconocimiento extrajudicial al Pleno municipal (junio y julio), votando en contra, a pesar de los informes técnicos favorables, el resto de fuerzas políticas. Por tanto, el PP de Carreño también es conocedor de primera mano de la situación, ya que en actas de comisiones y plenos se trató el asunto".

"El gobierno local no es dueño del dinero municipal y para pagar se ajusta debidamente a la legalidad para efectuar dichos pagos; por ello la guardería y el resto de proveedores aún no cobraron, porque así se aprobó en el Pleno. No pagarle no es un capricho. Reiteradamente se le explicó que cobraría tras la aprobación plenaria de las facturas, pero ello no le bastaba, amenazándonos con los medios de comunicación o acudir a otros grupos políticos, como finalmente hizo", argumenta el gobierno local.

Los socialistas consideran que "la filtración de esta conversación informal responde al malestar generado a una empresa que, además, se ha utilizado políticamente por quienes no quisieron aprobar el reconocimiento extrajudicial de facturas correspondientes a 2017, que llevamos al Pleno en dos ocasiones. Este es el verdadero espectáculo al que nos lleva nuevamente el portavoz del PP de Carreño, quien utiliza los problemas de una proveedora para judicializar la política local. Tendría que explicar por qué no aprobó esas facturas aun conociendo las dificultades que atravesaba esta persona".