El plan de liquidación presentado por los administradores concursales de la Hullera Vasco Leonesa ha supuesto un freno en los planes de las empresas que tenían previsto adquirir los grupos de interior de la compañía. La Unión Minera Asturiana, que había mostrado su disposición para adquirir los pozos de la Vasco, donde trabajan decenas de asturianos, ya ha anunciado que bajo las condiciones impuestas por los administradores no va a pujar, salvo que el juez decida eliminar el aval de 72 millones que se reflejan en el plan de liquidación. El comité de empresa de la compañía ya ha anunciado que va a alegar contra el documento, y sus abogados están redactando el recurso que presentarán en el juzgado. Tienen de plazo hasta el 18 de abril.
Los administradores concursales de la Hullera Vasco Leonesa presentaron a mediados de marzo en el Juzgado de Primera Instancia Número 8 y de lo Mercantil de León el plan de liquidación. Un documento que para tanto para el comité de empresa como para las empresas interesadas en adquirir alguno de los grupos de producción de la centenaria compañía leonesa fue "sorprendente". Y es que en el se especifica que cualquier entidad o particular que quiera adquirir los grupos de interior de la Vasco -referido como "V2 Interior" en el plan de liquidación- debe poner sobre la mesa un aval de 72 millones de euros para cubrir la posible devolución de ayudas derivadas de la Decisión 787 de la Unión Europea. Esa norma, firmada en 2010 por la Administración Zapatero con Bruselas obliga a todas aquellas empresas que quieran seguir abiertas a partir del 31 de diciembre de 2018 a devolver las ayudas estatales recibidas. Y en el caso de la Vasco son los citados 72 millones de euros, que los administradores concursales reclaman como aval. El plan también recoge otra posibilidad, que es textualmente, una "declaración formal del organismo competente (Instituto para la reestructuración de la minería del carbón) exonerando de manera completa a SAHVL (Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa) de la devolución de las mismas".
La situación del cielo abierto, para la que también se pide aval o justificación, es mucho menos dramática. De hecho, afirman las fuentes consultadas, la intención del plan de liquidación es "salvar el cielo abierto y achatarrar el resto de la empresa". El aval para la gran Corta Pastora es solamente de 6 millones de euros, debido a que las subvenciones recibidas desde 2010 por la producción en la mina de exterior han sido mucho menores. Además, según algunas fuentes consultadas, la empresa que mejor lo tiene para seguir explotando el exterior de la Vasco es la compañía Peal, que era la contrata que operaba en el cielo abierto y a la que la Vasco Leonesa le debe, según el documento concursal, más de 12 millones, lo que sería suficiente para quedarse con la Corta Pastora en propiedad.
Pujas
Los que por el momento han asegurado que no van a pujar mientras se mantengan las condiciones impuestas por los administradores concursales son los miembros de la UTE Unión Minera Asturiana, una compañía con socios asturianos y madrileños que había mostrado un "gran interés" en hacerse con el interior de la empresa leonesa. Los portavoces del colectivo indicaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "el aval bancario que piden es una auténtica locura, y entendemos que nosotros, si compramos el grupo de interior para explotarlo no vamos a tener que devolver unas ayudas que no recibimos". En este sentido, aseguraron que el interés por los pozos sigue sobre la mesa, pero que la realidad es que "las condiciones económicas que se fijan en el plan de liquidación fulminan cualquier tipo de operación".
Mientras tanto, los que trabajan en el documento de alegaciones que van a presentar contra el plan de liquidación son los abogados del comité de empresa. Actualmente, están centrados en la redacción del recurso que presentarán ante el Juzgado y con el que buscarán unas condiciones más favorables que permitan una mejor salida para los bienes que la propuesta por la administración concursal. El plazo para la presentación de este recurso expira el 18 de abril, fecha a partir de la cual, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 8 y de lo Mercantil de León deberá tomar la decisión sobre la guía a seguir para el desmantelamiento de una empresa, la Vasco Leonesa, con una historia en la minería del carbón española de más de un siglo.
