El lío judicial entre Hunosa y Uminsa, empresa del magnate leonés del carbón Victorino Alonso, continúa. El juzgado de Instrucción número 3 de León ha admitido a trámite una querella presentada por la Abogacía del Estado, en representación de Hunosa, contra Uminsa, la empresa Prosimet y varios responsables de ambas compañías (tres de ellos son apoderados en las dos empresas). Hunosa acusa a los querellados de "frustración de ejecución" de sentencia y de "alzamiento de bienes". Anteriores sentencias habían condenado a Uminsa a pagar casi 36,5 millones de euros (intereses incluidos) por el caso del "carbón desparecido" a la empresa pública, de los cuales restan por abonar a Hunosa 28,5.
Según la Abogacía del Estado, la empresa de Victorino Alonso, Uminsa, estaría deshaciéndose de sus bienes (concesiones mineras en las que trabaja y por las que cobra subvenciones al carbón y de maquinaria), en favor de la empresa Prosimet, con el fin de "dilatar, dificultar o impedir el embargo de las ayudas estatales que percibe del Instituto par la Reestructuración de la Minería del Carbón y, en definitiva, el cobro de la deuda por parte de Hunosa". Esta nueva querella se produce en un contexto en el que centrales sindicales y partidos políticos solicitan al Gobierno central (responsable en última instancia de Hunosa a través de la SEPI) la nacionalización de Uminsa. Una empresa que, según reza la querella de Hunosa, está tratando de repartir sus bienes entre otras compañías que tienen responsables comunes con la propia Uminsa, pese al embargo que pesa sobre ella para devolver 28,5 millones de euros. De ahí la denuncia por "alzamiento de bienes".
Según la denuncia, en enero de 2017, ya conociéndose la sentencia definitiva a favor de Hunosa en el caso del "carbón desaparecido", Uminsa cedió sus arrendamientos de concesiones mineras (las explotaciones en las que trabaja) a la empresa Prosimet. A su vez, Prosimet contrataba a Uminsa para que se encargase de los trabajos en las minas como contratista. En la querella la Abogacía del Estado subraya el "carácter burdo de la operación", y afirma que "la única finalidad de la misma es trasladar la percepción de las ayudas estatales que percibe el arrendatario de las concesiones de la deudora Uminsa en Prosimet, frustrando así el cobro por parte de Hunosa de la deuda referida", 28,5 millones.
En la querella admitida a trámite se solicitan además medidas cautelares para asegurar que el pago de las ayudas al carbón que tendría que cobrar este año Prosimet sean embargo de este dinero.
