La política municipal en la comarca del Caudal se ha judicializado en los últimos tres años dejando un balance que no tiene precedentes. La pasada semana el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, se convirtió en el primer alcalde de las Cuencas en sentarse en el banquillo. Lo hizo, además, en compañía de su predecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, ambos acusados de un delito de prevaricación continuada por el pago de subvenciones a monitores deportivos. De momento, los dos últimos regidores alleranos son los únicos alcaldes de la comarca enjuiciados, aunque otros tres han tenido en su momento que dar explicaciones ante el juez. Ramón Argüelles y Jesús Álvarez Barbao, exalcaldes de Lena y Morcín, fueron a finales del pasado mandato denunciados por la oposición por prevaricación, terminando las causas archivadas. También Aníbal Vázquez (Mieres) se ha visto en el punto de mira de la justicia por el desarrollo de su actividad política.
El actual alcalde de Aller es, sin dejar lugar al debate, el que más atosigado se ha visto por la justicia. Y es que la Fiscalía de Principado de Asturias ha denunciado al regidor por un presunto delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. El procedimiento tiene su origen en el desarrollo de las obras de ampliación de una vieja senda peatonal hasta convertirla en una pista ganadera que va desde la localidad de Llananzales hasta el puerto de Piedrafita, con un recorrido de 9 kilómetros y de alto valor paisajístico, según los ecologistas. La denuncia llega justo cuando se está celebrando el juicio por el que el regidor, junto con su predecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, se enfrenta a otra acusación de prevaricación, ligada al pago de subvenciones a la asociación deportiva que ofrecía actividades en el polideportivo de Sotiello. La primera vista fue la pasada semana y para mañana están previstas las últimas declaraciones.
Ramón Argüelles dejó la alcaldía de Lena el año pasado tras ser elegido coordinador regional de IU. Antes tuvo que pasar por un mal trago debido a una denuncia del PSOE por un presunto delito de desvío de subvenciones del polígono de Villallana. El juez no apreció delito en la actuación del regidor, ya que, argumentó, "el dinero obtenido fue a parar a la caja general del Ayuntamiento (?) por lo que, aunque se hubiera invertido parte de la subvención en sufragar otros gastos del Ayuntamiento, ello fue sin intervención del imputado ". La Audiencia, en definitiva, no vio ningún delito en la actuación de Ramón Argüelles, aunque reconoció que una parte del dinero no se destinó al fin para el que fue concedido.
También logró sortear una denuncia de la oposición, en este caso de IU, el exalcalde de Morcín, Jesús Álvarez Barbao, quien tuvo que dejar el cargo el pasado mayo tras una moción de censura presentada por la coalición. En este caso, el Juzgado de instrucción de Mieres sobreseyó la denuncia interpuesta contra el por entonces alcalde en relación con posibles irregularidades urbanísticas en el polígono de Argame. El auto concluyó que "de la documentación remitida a este Juzgado por el Ayuntamiento de Morcín no se desprende la existencia de irregularidad alguna." El juez estableció que "no cabe apreciar las irregularidades que son objeto de denuncia." El regidor socialista, que volvió a ser reelegido aunque con un margen de votos bastante pequeño, se mostró indignado desde un primer momento. De hecho, su enfado siguió latente tras los comicios, anunciando que IU no entraría en el gobierno municipal mientras no retirase la denuncia. Al final, una moción de censura acabó con su etapa como alcalde.
También Aníbal Vázquez ha tenido que visitar los juzgados. De momento, ha sorteado la denuncia puesta por Somos por presuntas irregularidades en la fragmentación del pago que sustenta el servicio de ayuda a domicilio. La demanda ha sido archivada. Ahora bien, el regidor mierense ha tenido que declarar recientemente en el Juzgado de Mieres a petición de la Fiscalía por el archivo de un expediente abierto contra un funcionario.
