El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de amparo promovido por el Ayuntamiento de Sobrescobio en relación a los convenios de fondos mineros para la adquisición de terrenos destinados a biblioteca y telecentro, así como para infraestructuras turísticas. El Consistorio firmó los convenios con el Principado y los remitió al Instituto del Carbón en noviembre de 2010 para su tramitación y firma definitiva. Sin embargo, la entidad dependiente del Gobierno central los rechazó, iniciando entonces el Ayuntamiento una batalla legal que acabó en el Constitucional, que no le dio la razón.
Tras remitir los convenios en noviembre de 2010, el Ayuntamiento no recibió ninguna comunicación al respecto a pesar de que dirigió varios escritos solicitando el estado de tramitación de los convenios. De este modo, el Consistorio presentó una reclamación previa al recursos contencioso-administrativo en mayo de 2014 "por inactividad de la administración".
El Instituto del Carbón sí contestó a esta reclamación. "Tras hacer una exposición cronológica de las vicisitudes del caso, concluyó que ninguna de las dos actuaciones había llegado a tener un convenio formado". Según este organismo, los convenios proyectados para 2010 no culminaron "porque la intervención delegada no los había fiscalizado favorablemente, por no cumplirse uno de los requisitos formales relativo a la exigencia de aportar certificados del valor de los inmuebles emitidos por un tasador independiente o un funcionario competente". En su explicación también añadieron que, en 2011, volvió a iniciarse la tramitación de los convenios, pero no llegaron a formarse 'por razones de índole presupuestaria'". Cabe exponer aquí que el 31 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros encabezado por el popular Mariano Rajoy como presidente del Gobierno decidió eliminar los fondos mineros.
Tras las explicaciones del Instituto del Carbón, el Consistorio interpuso un recurso contencioso-administrativo por inactividad del Instituto del Carbón, pero el Juzgado central de lo contencioso-administrativo inadmitió la demanda en septiembre de 2015. Ante esta decisión se interpuso un recurso de apelación que también fue desestimado, ya en noviembre 2016, por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Vuelta a los recursos, esta vez de casación, que fue inadmitido en julio de 2017 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Finalmente acudieron al Constitucional señalando que la Audiencia Nacional había lesionado su derecho fundamental a la igualdad. Y para ello ponían como ejemplo otro caso en el Ayuntamiento de Belmez, en Córdoba, donde sí se había estimado el recurso por un supuesto igual de inactividad del Instituto del Carbón respecto a los fondos mineros.
El Constitucional no da la razón al Ayuntamiento de Sobrescobio porque los casos no son iguales. "Existe una diferencia relevante entre el caso de Belmez y Sobrescobio, Así como en el primero se habían ultimado todos los trámites administrativos y presupuestarios necesarios para que el convenio se perfeccionara, restando solo la firma del presidente del Instituto del Carbón, en proyectado convenio con el Ayuntamiento de Sobrescobio no recibió la fiscalización favorable de la intervención delegada". Por todo esto, el tribunal falló desestimando este último recurso de amparo, y lo firma en octubre de este año.
