El Instituto para la Transición Justa (ITJ) destinó desde 2019 más de 34 millones de euros a la comarca del Nalón y 31 millones a Caudal y a Aboño para apoyar a 47 proyectos de infraestructuras municipales y 73 iniciativas empresariales. Estos proyectos, calcula el organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “movilizarán más de 109 millones y generarán 170 empleos”. Así se trasladó ayer en una jornada informativa sobre la evolución de los trabajos de los Convenios de Transición Justa celebrada en la Casa de Cultura “Escuelas Dorado”, en Sama.
En la reunión se anunció que próximamente se abrirá una línea de ayudas para proyectos de conservación del patrimonio cultural, industrial y minero de municipios afectados por el proceso de cierre de instalaciones en zonas de Transición Justa. Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, tienen, en la primera convocatoria, un presupuesto de 4 millones de euros a nivel nacional. Se prevé que la Fundación Ciudad de la Energía sea la entidad encargada de llevar a cabo las actuaciones. También habrá otra línea de ayudas para proyectos empresariales de generación de nueva actividad y mantenimiento de empleo, que cuenta este año con 27 millones.
En el encuentro, al que asistió a directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, participaron representantes de 21 municipios incluidos en ambos convenios junto a organizaciones empresariales y sindicales, entre otros asistentes. El procedimiento puesto en marcha en el Valle del Nalón –en el que se engloba junto a Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso a Bimenes y Piloña– recibió 79 contribuciones, de las que 37% son ideas y propuestas en fase de estudio o preparación. De éstas, el Instituto para la Transición Justa calcula que cerca del 78% reúnen las condiciones para recibir ayudas.
Las propuestas presentadas por el sector público se han centrado en el turismo, las energías renovables y las infraestructuras, y las del sector privado se concentraron en iniciativas industriales, de energías renovables y de agricultura y ganadería. En esta zona, el Instituto concedió ayudas para 16 proyectos de infraestructuras municipales (financiadas con los fondos del Plan del Carbón 2013-2018) y 21 iniciativas empresariales por un importe de 34,2 millones de euros que movilizarán una inversión de 51,8 millones y que generarán 82 empleos. Entre las iniciativas empresariales, que recibieron 2,3 millones, figura un centro de atención a mayores, con aula de formación y centro de rehabilitación y una planta de reciclaje de plásticos en Langreo.
Al convenio Caudal-Aboño pertenecen los concejos de Aller, Lena, Morcín, Mieres, Riosa, Carreño, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Llanera, Quirós, Ribera de Arriba, Teverga y Villaviciosa. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica recibió 108 propuestas, de las que un 43% son ideas en fase de estudio o preparación. De este porcentaje, un 83% son susceptibles de recibir apoyo. En la creación de infraestructuras, equipamientos turísticos, instalaciones de energías renovables y servicios para los ciudadanos se centran las iniciativas presentadas por las administraciones públicas. Las del sector privado giran en torno a iniciativas industriales, de energías renovables, agricultura y ganadería.
El organismo ha destinado 31 millones para apoyar 83 proyectos que “movilizarán una inversión de 58,2 millones y crearán 88 empleos”. De los proyectos, 31 son municipales (con fondos del Plan del Carbón 2013-2018) y 52 empresariales, que cuentan con 2,1 millones de ayuda. De ellos 1,4 millones se ha concedido para 45 pequeños proyectos.
La directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, aseguró que “hay muchos fondos disponibles” y “un montón de oportunidades”. “Hay líneas milmillonarias, con prioridad para las zonas de transición justa y reto demográfico y tenemos que hacer que las Cuencas pueda absorber ese dinero”, indicó, aludiendo a diversos fondos, entre ellos los del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
La directora regional de Minería, Belarmina Díaz, destacó que este es “un momento de gran oportunidad de fondos”. Se refirió, entre los fondos que gestiona el Principado, a los “263 millones que tenemos adjudicados, dentro del fondo de transición justa, para proyectos empresariales de reactivación para toda Asturias y en diferentes líneas como energía renovable, economía circular o turismo sostenible”.
ACOM exige al Gobierno central "claridad y agilizar la tramitación"
“¿Puede ser una transición justa? No lo sé. Tengo mis dudas”, aseguró el vicepresidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcalde de Morcín, Maximino García. Destacó que existe una línea de financiación pero “va por concurrencia competitiva, no como antes, cuando había una garantía de que cada Ayuntamiento iba a tener como mínimo un proyecto”.
A día de hoy, los Consistorios de las comarcas mineras se están encontrando “con muchas dificultades” ya que “muchos dudan si presentar proyectos” para que sean financiados con fondos para la transición justa, dijo García. “Tendrían que sacarlos a concurso por vía externa y si esos proyectos no ven la luz alguna entidad local podría tener un riesgo económico importante”, apuntó.
El vicepresidente de ACOM reclamó “agilizar la tramitación y los tiempos”. “Exigimos claridad, celeridad y que se conozcan los proyectos”, señaló. “Llegan las instituciones con convocatorias masivas, a la vez, con tiempos justos para presentar proyectos y ejecutarlos. Tengo miedo de que muchos recursos no se vayan a poner en circulación”, concluyó en una visión que “quisiera ser optimista” pero que “es realista”, como la definió García.
El secretario del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, remarcó que “hay fondos suficientes, lo que se necesitan son proyectos solventes que generen empleo”. Exigió “compromiso” por parte de Naturgy e Iberdrola para promover proyectos alternativos al cierre de las térmicas. “Firmaron un acuerdo y no cumplen con esa parte de responsabilidad social”, dijo. En la reunión trasladó varias propuestas para su financiación con fondos de la transición justa como un centro de supercomputación o un centro de entrenamiento y rescate en el pozo Santiago.
La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, planteó al Ministerio su intermediación en relación con los terrenos que quedaran sin uso cuando se desmonte la térmica. Estos son fondos son “muy importantes y los dirige eficazmente el Instituto para la Transición Justa”, dijo la delegada del Gobierno, Delia Losa.
