A lo largo de la historia de la minería existieron numerosos encierros, pero la gran mayoría permanecen olvidados, quedando en la memoria de aquellos que los vivieron o en la de sus descendientes por la trasmisión oral. Aunque en el recuerdo popular parece que tan sólo existió el encierro del Pozo Barredo del año 1991, en el que estuvieron casi dos semanas José Ángel Fernández Villa y Antonio Hevia recluidos con repercusión en la historia de la minería asturiana. Como se sabe, la noche del 22 de diciembre de 1991, los líderes del SOMA y del Sindicato regional de la Minería de CC OO, junto con otros 34 compañeros, entraron en el Pozo Barredo de Mieres con un objetivo: presionar al Gobierno de Felipe González. Fueron doce días en los que los sindicatos, controlados en el exterior por Marino Artos, de CC OO y Ricardo López Estébanez del SOMA, tuvieron que asumir la dirección del pozo al declinar Hunosa toda responsabilidad sobre la instalación. Pero no todos tuvieron un final feliz ni son recordados como hemos reseñado previamente.
Uno de estos comenzaría a las diez de la noche del sábado 18 de febrero de 1967, cuando se encerrarían once mineros a altas horas de la noche, descendiendo por los pozos y galerías del socavón de la Manigua, situado al valle contrario al pozo-mina Llamas, de Ablaña. Estos mineros estaban sin trabajo al haber sido despedidos por la huelgas del 64 y 65, siendo encarcelados por asociación ilegal, y siendo objeto de represalias gubernativas y patronales. Hartos de la situación, decidieron encerrarse para hacer pública su dura situación. Previamente, estos trabajadores redactarían y firmarían cinco escritos dirigidos a diversas autoridades de Oviedo, en los que exponían que permanecerían en la mina hasta tanto fueran readmitidos al trabajo. Ante tal situación el gobernador enviaría a la prensa el siguiente comunicado: «El pasado día 19 el ingeniero director de Mina Llamas puso en conocimiento de este Gobierno Civil que en dicha explotación habían entrado subrepticiamente varios individuos que no pertenecían a la plantilla de la misma, pudiendo identificarse en principio a tres de ellos, por haber prestado servicios en dicha mina, en la que causaron baja en abril pasado al ser sancionados con despido por su intervención destacada en los conflictos laborales del mes de marzo anterior.»
A la vista de la situación planteada, el ingeniero jefe de la empresa, el mismo domingo, denunciaría lo sucedido en la comisaría de policía de Mieres, que, tras la instrucción de las oportunas diligencias, remitió las mismas al Juez de Instrucción del partido el día 20, y dió cuenta de tales hechos al Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial.
Durante esos días, la Guardia Civil estaría de servicio permanente y de retén en este socavón. En las oficinas del citado pozo, estarían también de retén, desde la madrugada del domingo, el ingeniero-director de este grupo, junto con varios ingenieros, capataces, vigilantes, y mineros que conjuntamente con la fuerza pública, esperaban instrucciones de la autoridad gubernativa para ver si hay había alguna forma de que estos once mineros desistieran de su postura y cedieran salir al exterior. Desde la jefatura superior de Policía se ordenó que el inspector-jefe de la comisaría de Mieres se trasladase a Mina Llamas y, se requiriese, por orden del Gobernador civil, a los individuos que se hallaban en el interior de la mina a que abandonasen la explotación en el plazo de una hora, y que, de no obedecer esta orden en el plazo fijado, deberían de atenerse a las consecuencias que determinan las infracciones legales que estaban cometiendo.
Capataz
Finalmente, el capataz Víctor Manuel Álvarez Rodríguez, fue el encargado de bajar la orden del gobernador al a la cuarta planta del pozo donde se hallaban reunidos los encerrados, haciéndose cargo de ella Manuel Suárez González. Además, por si se sentían tentados de abandonar el encierro, la empresa situaría la jaula en la cuarta planta a efectos de que pudieran subir al exterior. Transcurrido el plazo dado por la autoridad, visto que no abandonaban el encierro, se extendieron las oportunas diligencias que, al igual que las anteriores, serían enviadas al juez de instrucción del partido y al fiscal jefe de la Audiencia Territorial.
Cuando sucede un tipo de protesta así, no tardan en emanar los dimes y diretes propios a pié de plaza, murmurándose por aquel entonces que los encerrados contaban con abundante de comida. Tampoco faltó quien afirmaba que no deberían de tener problemas con el suministro de agua, ya que el citado pozo contaba con numerosos manantiales. Al poco de iniciarse el encierro un grupo de mujeres se situaría a la entrada del pozo mina Llamas. Se trataba de las diez esposas de los mineros rebeldes y las madres de algunos de ellos. Las citadas mujeres, manifestarían estar de acuerdo con la actitud de sus esposos e hijos, ya que su postura solo tenía la finalidad de llamar la atención sobre su penosa situación laboral y económica. No es difícil de imaginar que estas mujeres estaban muy unidas y que de algún modo vivieron un encierro paralelo al del pozo.
La actitud de estos once mineros provocaría la solidaridad de otros mineros de la cuenca y de sus gentes. Los primeros en parar serian los propios mineros de Llamas. Aunque la prensa de la época contaba otra versión, como puede verse en el siguiente texto: “que al presentarse el primer relevo, la empresa aconsejó a los 750 mineros que forman la plantilla que no bajasen a los puestos de trabajo, puesto que por allí merodeaban once hombres desconocidos y ajenos a las explotaciones, como medida de seguridad y en evitación de cualquier contingencia”.
Se debe de mencionar también que los servicios de conservación del pozo conectarían el teléfono y las señales de la jaula por si hiciese falta. Por aquel entonces, el pozo «San Nicolás» era propiedad de la empresa Fábrica de Mieres, había impedido que más de ochocientas comenzaran a trabajar, con la consiguiente pérdida en la producción, estimándose que se habían dejado de producir unas 1.200 toneladas carbón.
Retomando la historia, el miércoles 22 de febrero, una parte de la plantilla de productores siderometalúrgicos de Uninsa -Factoría de Mieres, dejarían de trabajar durante cuatro horas (el turno comprendido entre las ocho y las doce de la mañana) como protesta ante las oficinas de la empresa por la actitud adoptada por esta de no renovación del convenio colectivo que había finalizado unas semanas atrás. Aquel día, unos 2.000 metalúrgicos se manifestarían de forma silenciosa por las calles de Mieres en apoyo de los encerrados.
Ese mismo día, a las doce de la mañana, del gobernador civil recibiría al delegado comarcal de Sindicatos de Mieres, junto a los presidentes del Sindicato Local y de la sección especial del combustible de Mieres. También asistirían a la reunión tres enlaces y miembros de los respectivos jurados de empresa. Durante el transcurso de la reunión, solicitaron al gobernador civil la posibilidad de dialogar con las once personas que se hallaban en él interior de la citada explotación, accediendo este último. Como condición, solicitó que se hiciera siempre y cuando estas conversaciones se sostuvieran en el exterior de la mina y nunca en el interior. Esa petición era acorde a las rigurosas órdenes de la jefatura del distrito minero, la cual garantizaba que a quienes subieran al exterior se les permitiría regresar al interior finalizado el dialogo. Aunque finalmente los enlaces sindicales no pudieron celebrar dicha reunión por negarse los encerrados a salir al exterior.
Mientras tanto, en la Casa Sindical de Oviedo se reunió la sección económica del Sindicato del Combustible para estudiar de manera especial el conflicto planteado en la empresa «Mina Llamas» de Nueva Montaña Quijano. Aquel mismo día, la empresa propietaria de la explotación solicitaría el seguro de desempleo por un período de dos meses, en previsión a que, una vez resuelto el conflicto se precisaría un previo acondicionamiento para reanudar los trabajos.
Esa misma mañana, con carácter previo a la reunión con los Sindicatos verticales, se había celebrado una tensa reunión, en el palacio de la Diputación, con siete de las mujeres de los encerrados, las cuales llegaron a estar con Matéu de Rós. Las mujeres se expresarían de forma enérgica contra la postura de sus maridos, dejando claro que responderían ante los tribunales de justicia competentes. Argumentaban además, que una vez conocidas las sanciones que estos pudieran imponerles, no se verían impedidas de trabajar al ser un derecho reconocido en las leyes españolas, ya que tales trabajos no podían condicionarlos a las exigencias de sus maridos de volver a reintegrarse de nuevo a las empresas a las que pertenecían y a los mismos puestos de trabajo que ocupaban en las mismas.
Legislación vigente
Razonaban que si bien la legislación de aquella vigente no impedía que un productor deje su trabajo en una empresa, tampoco obligaba a que diese trabajo a la persona que lo abandonase anteriormente por causas no imputables a la misma. Por último, el gobernador les manifestaría que lo único conveniente era que sus maridos abandonasen el interior de la mina, poniéndose a disposición de las autoridades. Y con este recuerdo de aquellas mujeres reivindicativas, rematamos la primera parte de este artículo que tendrá mañana su continuación en la que mencionaremos las visitas que estos intrépidos huelguistas recibirían por parte de los médicos e ingenieros para preocuparse por su salud o del ultimátum que les lanzará el gobernador mediante la Guardia Civil para que cejen en su empeño. Hasta mañana.
