La Constitución española de 1978 camina -¿fatigosamente?- hacia su cuadragésimo aniversario. Los estudios y propuestas sobre su reforma se multiplican, los balances de resultados positivos y negativos se han trasladado de los ámbitos académicos a la sección de opinión de los periódicos, las amenazas que sufre por el independentismo aumentan y la izquierda radical la identifica con el régimen de la Transición, que considera obsoleto.
En los últimos cinco años, la mayor y más trascendente innovación del texto constitucional, es decir, el Estado autonómico, ha sido sometida a riguroso examen, como, por otra parte, sucede con la periódica y sesuda revisión del federalismo que tiene lugar en países como Alemania, aunque allí acaba por fructificar en cambios constitucionales y legislativos y aquí estamos aún muy lejos de eso. En España, y desde el estallido de la cuestión catalana, se han publicado excelentes obras que pasan revista a la forma territorial del Estado. Una de las más recientes, escrita por J. Tudela Aranda, lleva un título ciertamente contradictorio, casi de comedia de enredo: El fracasado éxito del Estado Autonómico (Marcial Pons, 2016). Se trata, sin embargo, de un análisis serio y muy completo de la puesta en planta y el desenvolvimiento de un Estado políticamente descentralizado, en el que todas las comunidades autónomas han acabado por disponer de potestad legislativa sobre un conjunto de competencias sumamente importantes; hasta el punto de que de su correcto ejercicio depende el funcionamiento eficaz del Estado social. Como advierte el autor desde el principio de su libro, pensar hoy el Estado autonómico es, en buena medida, pensar el Estado social, cuyos pilares son la educación y la sanidad.
J. Tudela, Letrado de las Cortes de Aragón desde 1986, Secretario General de la muy prestigiosa (en España e Hispanoamérica) Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y Profesor universitario, cree que la apuesta del constituyente por el autogobierno territorial fue, con todas sus luces y sombras, esencialmente un éxito. Opino lo mismo, si bien, algo más pesimista acerca de las potencialidades de nuestro país, yo lo calificaría de auténtico milagro. Que en tan poco tiempo fuéramos capaces de descentralizar el viejo Estado unitario y de realizar, prácticamente a la vez, la operación de importar in toto el acervo normativo y jurisprudencial de las Comunidades Europeas, me parece una hazaña asombrosa; y muy reveladora de la fortaleza plurisecular de la institución estatal, lo cual revela que la civitas política de España no es un artificio ni una imposición, sino algo sentido, aceptado y querido por el conjunto de nuestro pueblo. Cosa perfectamente compatible con una afirmación de Tudela Aranda que igualmente comparto: "resulta difícil negar que España es, de forma natural, un Estado abocado a la descentralización política".
Ahora bien, ¿por qué el Estado autonómico fue un gran éxito hasta hace menos de diez años y desde entonces parece un gran fracaso? Es evidente, y así lo señala también Tudela, que la crisis económica sometió duramente a prueba la idoneidad del sistema autonómico y su misma capacidad integradora. Por una parte, el papel de las Comunidades Autónomas como grandes protagonistas del Estado social sufrió un fuerte recorte. Por otra, la recesión potenció la propensión centralizadora del Estado. Además, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán (2010), que mostró a las claras la no ilimitada altura del techo de la Constitución en materia de autogobierno, puso crudamente de relieve la desorbitada ambición del proyecto nacionalista desde los mismos orígenes de la recuperación de la autonomía en 1979.
No sólo eso. De repente, la muy grave coyuntura económica sacó a la luz importantes carencias y defectos, de cuya trascendencia no habíamos sido hasta entonces plena y lúcidamente conscientes. Pudo, en efecto, constatarse que las comunidades autónomas habían resultado incapaces de construir administraciones sólidas, profesionales y aptas para afrontar los retos de un entorno en proceso de cambio. "Lejos de apostar por modelos cualificados que superasen los viejos fantasmas de nuestro modelo administrativo, se han asentado sobre sus vicios, desdeñando algunas de las cualidades existentes. En conjunto, se puede afirmar -sostiene Tudela Aranda- que el desempeño de las políticas públicas de las comunidades autónomas se realiza sobre administraciones débiles, deficientemente cualificadas para afrontar nuevas exigencias y saturadas de contaminación política. Un presupuesto que explica en buena parte alguno de los problemas más graves, como la corrupción o el despilfarro de recursos públicos", causa del distanciamiento de la ciudadanía. Suscribo este durísimo juicio. Y también el que el autor emite sobre el régimen parlamentario autonómico. Como en la esfera estatal -no nos engañemos-, la dinámica institucional ha debilitado a las asambleas y potenciado la concentración de poderes en el presidente de la comunidad autónoma.
Hay que reformar el Estado autonómico, concluye J. Tudela, y ello debe hacerse en la dirección que marca la flecha del federalismo. Lo cual no significa necesariamente más descentralización, cuestión política que deberá resolver el constituyente. Pero sí supone forzosamente el reconocimiento tanto de la unidad cuanto de la diversidad. Las ideas de identidad y de nación han de tener una lectura contemporánea. El reconocimiento constitucional de la singularidad sólo puede hacerse desde la reivindicación simultánea del valor de la unidad.
Un libro magnífico, en suma, de obligada lectura para políticos, juristas, politólogos y profesionales de los medios de comunicación. La obra de J. Tudela Aranda es una de las mejores que he leído en los últimos tiempos a propósito de nuestra forma territorial estatal, de sus aciertos, de sus insuficiencias y de la apasionante tarea de reforma que nos queda por delante.
