Durante quince años (entre 1999 y 2014), catorce fabricantes de hormigón pactaron precios en Asturias, se repartieron las obras en momentos primero de abundancia constructora y luego de sequía, y repercutieron sobrecostes a sus clientes, según una investigación que en 2017 concluyó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Ahora los Juzgados se preparan para recibir una oleada de demandas por parte de las empresas -promotoras y constructoras mayoritariamente- que presumiblemente pagaron de más por el hormigón debido a esas prácticas anticompetitivas. Hay unos doscientos afectados, según algunos cálculos.
El tiempo apremia. Los clientes afectados de este cártel tienen de plazo hasta el próximo viernes para poder presentar sus demandas, según explica el letrado Juan Carlos Rodríguez, socio de Fides Abogados en Oviedo. Es el plazo que ha dado Competencia. Este despacho ya está tramitando una veintena de pleitos, aunque espera que la semana que viene la cifra suba como la espuma. "Han contactado con nosotros más de cien compañías, y tenemos pendientes en unos días varias reuniones con los empresarios para concretar el número de reclamaciones que finalmente se harán", señala.
La cantidad que pueden recuperar no es baladí. Según un estudio elaborado por los peritos de Fides, se podrá reclamar entre un 15% y un 20% del coste total de la compra de hormigón. Eso sí, hay que presentar ante el juez la factura.
En su momento, Competencia determinó que las compañías hormigoneras actuaban como un cártel, manipulando el mercado asturiano a través de diversas estrategias. La principal consistía en asignarse los clientes a los que suministrar el material. Para hacerlo, representantes de las compañías se reunían periódicamente, generalmente en restaurantes (en la investigación de la CNMC se cita uno de Avilés y otro de Oviedo). Durante la comida se repartían la cuota de negocio que le correspondía a cada una y se hablaba del grado de cumplimiento de los repartos que se habían comprometido.
En esas reuniones también se pactaban los precios, siempre según la versión de la CNMC, frente a la que formularon alegaciones las empresas involucradas en la investigación. Cada vez que aparecía un contrato de suministro (ofrecido por el adjudicatario de una obra pública o privada), el cártel se lo asignaba a uno de sus miembros y establecía también el precio de referencia que la empresa de hormigón ofrecía y que el resto se comprometía a superar si eran consultadas por el cliente, con lo que la del ganador era siempre la oferta más barata.
De acuerdo con la misma investigación, el clan del hormigón utilizaba para blindarse un sistema de códigos con la intención de que el nombre de sus integrantes no saliera a la luz e intentar no dejar pistas. Cada empresa tenía un número, del 1 al 15 como máximo, y así figuraban en los documentos con los que se hizo Competencia durante los registros. Todo estaba resumido en hojas de Excel. La CNMC también señaló que la "intención de mantener en secreto los acuerdos y de dificultar la identificación de los responsables queda al aire también por el uso en ocasiones de direcciones de correos electrónicos no corporativos, más difíciles de rastrear".
El impacto del cártel fue alto. Competencia aseguró que un 75% de las plantas hormigoneras con actividad en Asturias llegaron a estar implicadas en el cártel, que durante el año 2013 movió el 45% de la producción regional de hormigón. Los abogados están preparando ahora demandas contra un total de catorce fabricantes. Trece de ellos fueron multados por la CNMC con un total de 6,2 millones de euros.
