El Gobierno central prevé dar luz verde mañana al llamado ingreso mínimo vital, prestación destinada a los hogares con menores rentas y que, según las estimaciones del Ministerio de Seguridad Social, llegará a más de 850.000 familias. Entre ellas estarán muchas de las que ahora perciben en Asturias el salario social autonómico, que pasará a ser un subsidio complementario del estatal y, por tanto, no se sumará a él. Las condiciones conocidas de la nueva renta mínima dan a entender que una parte relevante de los actuales beneficiarios del salario asturiano (22.232 en abril) pueden ver incrementados sus ingresos y que el Principado se ahorrará una porción también significativa de los 120 millones que ahora destina a la paga que reciben los hogares en peor situación económica.
Encajar la nueva prestación estatal con las regionales que ya existen en todas autonomías -con requisitos y niveles de generosidad muy diversos- es una de las tareas más complejas del alumbramiento del ingreso mínimo vital, parcialmente inspirado en el salario social asturiano, aunque disímil también en otros aspectos.
Tanto la nueva renta como la prestación asturiana están destinadas a quienes, a través del trabajo, de otras prestaciones o de cualesquiera otros rendimientos, no alcanzan ciertos niveles de ingresos que varían en función del número de miembros del hogar. En ambos casos, los beneficiarios reciben de la Administración la cantidad necesaria para alcanzar esos umbrales mínimos, que en el salario social asturiano oscilan entre 448 euros al mes para un hogar con un solo individuo y 739 para las "unidades de convivencia" formadas por seis personas. Conforme a lo que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó en una entrevista con este diario, la prestación estatal garantizará ingresos que van de 462 euros para un adulto solo a 1.015 euros para familias formadas por dos adultos y tres o más niños y otras situaciones análogas.
¿A cuántos asturianos llegará la nueva renta mínima? Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales del Principado remarcaron que el número de beneficiarios "dependerá de los requisitos y de las cuantías que fije la ley finalmente", pero anticiparon también: "Por lo que sabemos hasta el momento, y a falta de un análisis más pormenorizado a la vista del texto legal, la mayoría de los perceptores del salario social tendrán derecho al ingreso mínimo". Es más, indicaron las mismas fuentes, los asturianos que cobran la prestación autonómica "deberán" solicitar la estatal una vez que se apruebe, ya que, conforme fija la ley regional, los beneficiarios "han de hacer valer todos los derechos de contenido económico de que dispongan o pudieran disponer", como será el caso del ingreso mínimo vital.
De acuerdo con las mismas explicaciones, el salario social asturiano, creado en 2005, pasará a actuar como un complemento: un hogar que reciba la nueva renta mínima continuaría teniendo derecho al salario social si no alcanzase el umbral de ingreso que garantiza la norma autonómica, aunque de ocurrir así recibiría una cantidad inferior a la actual. El hecho de que la prestación estatal (entre 462 y 1.015 euros) sea en principio más alta que la asturiana (entre 448 y 739) hace presumir que las situaciones en que el Principado deberá abonar complementos no serán generalizadas. No obstante, ello dependerá en buena medida del grado de semejanza que finalmente exista entre los requisitos de acceso a ambas prestaciones.
La aprobación y entrada en vigor desde junio -en principio, para unos 100.000 beneficiarios en todo el país- del ingreso mínimo vital hará, por tanto, que el Principado deje de gastar parte de los 120 millones que supone al año el pago del salario social, percibido ahora por más de 22.000 personas. Fuentes del Principado matizaron que no es posible determinar aún el alcance del ahorro. No obstante, los datos hasta ahora conocidos sugieren que, si el salario social se mantiene con la regulación actual, su coste se reducirá en gran parte.
