El Gobierno prepara una nueva reforma del sistema de las pensiones, la cuarta de la última década, cuya medida estrella será incentivar –aún no se ha decidido la fórmula– a todos aquellos que decidan prolongar la edad de jubilación más allá del tope legal y que, en el otro lado de la moneda, penalice aún mas a aquellos que decidan abandonar el mercado laboral de forma prematura. Desde que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dejó caer la posibilidad de acometer estos cambios de calado, el efecto en los despachos y asesorías laboralistas asturianas fue inmediato. “No hay semana que no haga uno o dos estudios para calcular cuánto le quedaría la pensión a alguien que quiere jubilarse anticipadamente”, señala Marcos Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales. La demanda comenzó a incrementarse hace cosa de tres o cuatro meses y, ahora, a la par que los planes del Gobierno van cristalizando, va creciendo también el número de trabajadores que, aun perdiendo dinero, deciden dar el salto y pasar a la nómina de pensionistas. Por lo que pueda pasar.
“Tienen miedo de esperar y que la reforma de las pensiones les acabe perjudicando”, señala Martínez. En un principio, algunos despachos de laboralistas pensaron que este incremento de la demanda de estos estudios y cálculos tenía que ver con la pandemia y con las dudas, a corto plazo, sobre el futuro del mercado laboral, pero están convencidos de que no es así, que es la reforma de las pensiones que prepara el Ejecutivo la que ha convencido a muchos a comenzar a dar el paso. La inquietud, además, está creciendo entre todos los colectivos de trabajadores, principalmente en los asalariados, pero también en los autónomos, y, como señala Manuel Prieto, de MP asesores, hay bastantes funcionarios que están solicitando este tipo de estudios. “Los trabajadores van echando sus números, porque están teniendo esa inquietud. Es cuestión de echar cuentas. Hay incertidumbre y la gente no quiere encontrarse con sorpresas”, asegura Prieto. Por el momento, el Gobierno está buscando las fórmulas para conseguir su objetivo de que la edad efectiva de jubilación se alargue en España.
Retrasar la edad de retiro, como pretende el Gobierno, es una fórmula que cuenta en Asturias con muy pocos simpatizantes, aunque Escrivá lo ve como una de las fórmulas idóneas para descongestionar el sistema de pensiones, y así conseguir recortar su elevado nivel de gastos. Ahora mismo, la edad efectiva de jubilación está en poco más de 64 años, pero el objetivo del Gobierno es el de acercar esa cifra a la que es la edad legal, que en este 2021 está fijado en los 66 años. E intentar acabar con ese hueco. O, al menos, estrecharlo lo máximo posible.
Tal y como está diseñado ahora el sistema, aquellos que tienen unos mayores ingresos cuentan con mayores facilidades si deciden jubilarse de forma anticipada. Una distorsión con la que el Gobierno también pretende acabar. Así, una persona con una salario y una cotización en la media y con 38 años de vida laboral tiene, al jubilarse anticipadamente de manera voluntaria, una penalización del 2% por cada trimestre de adelanto respecto a la edad legal en la base reguladora que se usa para calcular la pensión; en cambio alguien con ingresos altos tendría una rebaja efectiva menor porque, tras aplicar los coeficientes reductores sobre la base reguladora, el resultado aún será superior a la pensión máxima, de modo que tendría derecho a ella rebajada en un 0,5% trimestral, según lo estipulado en la reforma del sistema de pensiones aprobado en 2013. Traducido, supone que un trabajador con unos ingresos medios que se retira un par de años antes de la edad legal vería recortada su pensión un 16%, mientras que para los que tienen unos ingresos mayores el hachazo se quedaría en un pequeño recorte, del 4%.
El miedo de los asalariados y funcionarios asturianos, aseguran los laboralistas, es que a no muy tardar el Gobierno eleve con fuerza ambos porcentajes. Los trabajadores por cuenta ajena son los que más llaman a las asesorías preguntando por esos cálculos, pero también hay un importante número de autónomos que buscan jubilarse de forma anticipada, por lo que pueda pasar en el futuro. “Por eso se ven muchos negocios cerrados últimamente en el centro de Oviedo, son establecimientos, muchos de ellos, en los que el propietario ha adelantado la jubilación y no ha tenido relevo para continuar con la actividad”, asegura Marcos Martínez.
El efecto aún no ha llegado a las estadísticas. Es más, en Asturias, las jubilaciones antes de los 65 años se han ido recortando a lo largo de los últimos años. Los últimos datos reflejan que los jubilados de entre los 60 y los 64 años del régimen general eran más de 9.500 en 2013; mientras que ahora son menos de 8.000. Aunque esta reducción tiene más que ver con las restricciones a la jubilación parcial mediante contratos relevo para aquellos que fueran cumpliendo los 61 años y que fue una fórmula muy utilizada hasta 2019, que con el endurecimiento sobre la jubilación anticipada voluntaria. Las últimas conclusiones del llamado Pacto de Toledo –en el que están incluidos el Gobierno, la patronal CEOE, y los sindicatos UGT y CC OO y en el que se discute el futuro del sistema– proponen también ligar la subida de las pensiones al IPC y recomienda también, entre otras cosas, que los robots coticen a la Seguridad Social para sostener el frágil sistema.
