La salida del laberinto del covid-19 exige, según Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), dar con las respuestas que permitan compatibilizar el control de la pandemia y la marcha de la economía. Desafío mayúsculo que requiere, reflexiona también Feito (Somiedo, 1965), volcar recursos en la sanidad y la atención social, pero también en el salvamento de las empresas. Dirige la siguiente propuesta al Gobierno asturiano y a los negociadores de los próximos Presupuestos Generales del Principado: que se destinen a auxiliar a las empresas, mediante inversión y ayudas, el ahorro que se obtendrá en el capítulo del salario social asturiano tras la creación de la nueva renta mínima estatal.
–El mundo empresarial fue crítico con la forma en que se gestionó la primera oleada del virus. ¿Qué análisis hace de cómo se están abordando la segunda y sus impactos económicos?
–Debemos tener claras tres cosas: una, que el sistema sanitario está en situación límite; otra, que la economía y muchas empresas también están en situación límite; y la tercera, que añade más dificultad, es que existe una gran incertidumbre sobre la evolución que va a tener todo esto, en particular la situación sanitaria. El reto que todos tenemos es buscar un equilibrio para dar respuesta a la situación del sistema sanitario y del sistema económico. Por una parte, hay que preservar la actividad económica, porque los propios presupuestos públicos, que también están al límite, dependen de ello. Por otra parte, el sistema sanitario tampoco soporta que siga aumentando el índice de contagios. Hemos de ser capaces de mantener en marcha la economía y tomar al mismo tiempo medidas sanitarias que vayan controlando la pandemia.
–¿Las empresas asturianas han hecho su parte en materia sanitaria?
–Han realizado un esfuerzo muy importante, a través de sus servicios de prevención y los de sus organizaciones, para que los puestos de trabajo sean seguros, y eso creo que ha quedado demostrado, porque son muy pocos los casos en los que se ha tenido que parar por contagios dentro de las empresas. ¿Dónde tenemos el problema? Creo que en la falta de responsabilidad en los comportamientos individuales. Ello está llevando a los cierres de la hostelería y de todo lo que tiene que ver con el ocio en Asturias, pero también en Galicia, en Murcia… Es así de forma injusta para los empresarios, que no tienen la culpa de que sea en ese ámbito donde se da esa falta de responsabilidad individual de los ciudadanos. Ello requiere de forma inmediata medidas de apoyo a todas las actividades afectadas.
"Dedicar recursos a las empresas en una situación como esta es una necesidad social"
–Concrete qué tipo de medidas.
–Tenemos un ejemplo en Galicia. Allí, la Xunta acaba de movilizar entre doce y quince millones de euros para ayudar a veintiún mil negocios de hostelería con subvenciones directas de entre 2.200 y 7.000 euros, al margen del plan de rescate nacional que parece que se está negociando. Esta misma semana se ha cerrado la hostelería gallega y esta misma semana se han dispuesto esas ayudas encima de la mesa. Eso es lo que se requiere. También son necesarias medidas de exención de pagos de la Seguridad Social y tasas municipales. Se está pidiendo asimismo la reducción de los tipos de IVA. Hay muchas medidas que se pueden tomar.
–¿De dónde viene esa falta de responsabilidad individual de la que hablaba?
–Somos como somos. La sociedad española en general y la asturiana en particular vive mucho en la calle, hay una interacción social diaria, desde la mañana hasta la noche, en torno al ocio, a los locales de hostelería. La gente se relaja de alguna manera. Luego hay otro factor que juega en contra: en la primera oleada Asturias no sufrió las consecuencias que empieza a sufrir ahora, como sí le ocurrió a Madrid. Ello hace que, a parte del arraigo en las costumbres, exista cierta relajación. En primavera éramos una región mínimamente afectada, se produjo el confinamiento y llegamos a ser una región totalmente sana. El impacto no se vivió tan de cerca, eso hizo que la gente esté menos concienciada.
–Están intentando que el Principado reconsidere el cierre de comercios…
–Respetamos siempre todas las medidas que se arbitran desde el ámbito sanitario, porque no tenemos la base científica ni técnica para discutirlas, pero sí apreciamos en este caso que la decisión de cerrar el comercio (el textil y otros subsectores considerados no esenciales) se podría haber evitado en este momento. El comercio puede ser un sector seguro y ha ofrecido todas las alternativas y garantías para evitar el cierre. Hoy por hoy se mantienen abiertos los colegios; tengo un hijo de doce años que si mañana rompe los playeros en el colegio no le puedo comprar otros. Entiendo que no habría ningún problema para que, por ejemplo, los comercios puedan vender online o por teléfono con recogida en la propia tienda. Yo podría llamar para decir que necesito tales playeros y pasar a recogerlos, igual que puedo pasar a recoger en un restaurante un plato de comida para llevar. También se podrían delimitar aforos, fijar un acceso individual o con cita previa… Desde el primer momento hemos pedido que el comercio no cerrase y así se lo expusimos dos veces esta semana al vicepresidente del Principado (Juan Cofiño). Defendemos que se mantenga toda la actividad económica posible, y la del comercio se puede mantener. Y si se prescinde de una, como está ocurriendo con todo lo relacionado con el ocio, hay que poner inmediatamente medidas compensatorias.
–Ha citado las ayudas de Galicia. El Gobierno asturiano ha comprometido un fondo de rescate “potente” para las empresas más afectadas en los Presupuestos del Principado del próximo año. ¿No les basta?
–Desde luego que en los presupuestos del próximo año se tendrá que dar respuesta a los sectores afectados, pero hay que adoptar medidas inmediatas. Hay sectores que necesitan un respirador económico y no pueden esperar al año que viene. Los primeros recursos que llegan a la caja de una empresa son los que no salen. Ahí es donde se deben tomar las primeras decisiones y así se lo hemos traslado al Gobierno regional. Creo que es sensible a esta situación. No dispone de todos los recursos que le gustaría, pero esperamos que se haga un esfuerzo. Desde el mundo empresarial siempre hemos sido solidarios y en este caso tenemos que serlo con los sectores que más lo necesitan.
–¿Por qué defiende el confinamiento domiciliario que ha solicitado el Principado? ¿no conllevaría una mayor contracción de la actividad económica?
–Lo que te restringe el confinamiento domiciliario es la movilidad en el ámbito personal, no en el ámbito profesional. No quiere decir parar la actividad económica más allá de lo que ya hay. Significa que cuando salimos a comprar a la tienda o vamos a la farmacia tenemos que salir, comprar y volver a casa; y que no podemos ir a cenar a casa del vecino, ni a pasear con mi primo que vive en otro lugar… El confinamiento domiciliario significa limitar los movimientos en el ámbito personal y reducir los contactos al ámbito de los convivientes. Eso sí ayudaría, sin tocar la actividad económica más allá de lo que ya está, a salir antes de esta situación, a controlar el colapso sanitario que se pueda producir y a que, cuando la situación esté controlada, los sectores que están pagando las consecuencias, como la hostelería, el turismo y el ocio, puedan reanudar cuanto antes la actividad. Quiero que quede muy, muy claro: confinamiento domiciliario no significa que tengamos que parar la economía como se hizo en primavera. Los puestos de trabajo son seguros y la economía no soportaría un parón mayor. Vale que hay sectores que por cuestiones sanitarias tienen que parar, pero, insisto, no por su responsabilidad sino por falta de responsabilidad individual de los ciudadanos, entre los que me incluyo.
–Muchas empresas llevan meses consumiendo recursos propios y hay por delante obligaciones como el inicio de los pagos de los préstamos ICO (avalados por el Instituto de Crédito Oficial) que pueden acentuar la asfixia desde marzo de 2021. ¿Viene una ola de cierres?
–Indudablemente va a haber destrucción de empresas, pero hemos de tomar las medidas para que sean las mínimas. Hay que hacer una novación de los ICO, prorrogando el período de carencia de los préstamos y aumentando el plazo de amortización. Las empresas no están en situación de empezar a amortizar como está previsto a partir de marzo.
–Los ERTE han contenido la escalada del paro. ¿Serán eficaces también en los próximos meses?
–Cumplieron una función importante y tienen que seguir haciéndolo, prolongándolos todo lo que sea necesario en el tiempo. No tiene sentido estar cada dos o tres meses a vueltas con los ERTE. Hay que buscar una fórmula que permita, para los sectores que lo requieran, que estén vivos durante el tiempo necesario. Otra cosa es que el deterioro va haciendo mella en las empresas y las hay que ya ven claro que no van a recuperar el nivel de empleo que tenían a corto y medio plazo. Con lo cual, si una empresa ve que tiene diez trabajadores en ERTE, pero sabe que en ningún caso va a necesitar más de cinco en los dos próximos años, tomará medidas para adaptarse a la situación. Habrá empresas y autónomos que consumirán sus recursos y tendrán que cesar actividad. Y, por desgracia, hay trabajadores que están en ERTE que no podrán recuperar el empleo.
–El Gobierno central ha presentado su proyecto de Presupuestos y ustedes ya han dicho que la inversión para Asturias (378 millones), aun creciendo, es insuficiente. ¿Qué echan en falta?
–Por ejemplo, echamos de menos más partidas en lo que tiene que ver con el corredor ferroviario del Atlántico. Siempre dije que no queríamos recibir ni más ni menos que el del Mediterráneo, pero no se contempla así en los presupuestos. Y en general los proyectos de infraestructuras que están pendientes en Asturias requieren una inversión mayor de la comprometida.
–¿El apoyo a la industria está a la altura de lo que se pedía?
–De alguna manera, en el proyecto de presupuestos parece que sí hay una cierta sensibilidad hacia el sector industrial. Este año fuimos muy críticos, por ejemplo, con el programa “Reindus”, pero parece que se va a sustituir por un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva dotado con 600 millones de euros, frente a los 340 de este año, que en realidad acabaron en casi nada. En principio, ese y otros programas se pueden valorar de forma positiva. En cuanto a la compensación de costes indirectos de emisiones de CO2 para la industria electrointensiva, el límite autorizado por la Comisión Europea es de unos 275 millones y lo que se plantea son 109 millones por un lado y 91 millones de fondos europeos. El total se aproxima pero no llega al límite legal. Tenemos que exigir que lo haga, como ocurre en los países competidores. Luego está el famoso estatuto electrointensivo…
–Aún sin fecha de aprobación…
–Según los datos que tenemos, está en fase de negociación con la UE y luego pasará por el Consejo de Estado. Una vez que este emita su opinión estaría en condiciones de ser aprobado, calculamos, a mediados de diciembre. En los presupuestos cuenta con una dotación de 91 millones por un lado y de 19 millones de fondos europeos. Se ha de que tener en cuenta que en el reparto de esa partida van a entrar muchas empresas y que las hiperelectrointensivas (Arcelor, Azsa o Alu Ibérica) pueden ser las menos beneficiadas. En todo caso, lo que se está haciendo es poner un parche. Se busca aminorar la brecha en costes energéticos con Alemania o Francia, países con los que ya estamos prácticamente alineados en el precio de la generación, pero el problema está, digamos, en el sistema impositivo (costes regulados e impuestos que dependen de la Administración). Alemanes y franceses lo han solventado reduciendo esas cargas. Lo que me pregunto es por qué no solucionamos también el problema de manera estructural como en esos países. Aquí estamos siempre con la espada de Damocles, porque tanto las compensaciones del CO2 como el estatuto dependen de los presupuestos o de los fondos europeos.
–¿Es adecuado usar fondos europeos para abaratar la energía de la industria?
–El del coste energético es un problema que hay que solucionar. Supuestamente, los fondos europeos tienen que ir destinados a la transformación del tejido productivo. Como dijo Jose Piqué en la conferencia en la Asamblea de FADE, los fondos son para invertir, no para equilibrar presupuestos, que es lo que parece que se hace ahora. En cualquier caso, solucionemos el problema del sistema impositivo español como en Alemania y Francia y seremos competitivos como ellos.
–Pero sería a costa de elevar la factura de los demás consumidores...
–Al fin y al cabo, alguien lo tiene que pagar, sea vía presupuestos o a través de otros consumidores. Es un desequilibrio que tenemos que corregir. Lo que hay que valorar es el coste de no hacerlo. O lo corregimos o el coste será mucho mayor: la deslocalización de muchas empresas a las que el sistema actual no les permite ser competitivas.
–El Principado ha impulsado un consejo asesor para los fondos europeos, una oficina técnica para canalizar los proyectos y trabaja en una estrategia para rentabilizar el dinero de la UE. ¿Se está actuando con la diligencia debida?
–No vamos los primeros, pero también es cierto que sobre los fondos europeos hay muchas cortinas que abrir todavía. No sabemos todavía ni cuánto, cuándo ni cómo. Tenemos unas directrices generales en base a las que estamos trabajando. Lo que estamos haciendo en FADE es colaborar con el Gobierno regional a la hora de definir la estrategia y la hoja de ruta para apoyar a las empresas en la presentación de proyectos, cuando ya sea posible presentarlos, y en su seguimiento. Llevamos trabajando muchos meses en este asunto, con la constitución de una comisión sobre fondos europeos. Hemos ido creando grupos de trabajo con las empresas, las multinacionales, las corporaciones familiares…Estamos actuando también en estrecha colaboración con la oficina de apoyo a proyectos europeos de la CEOE. Tratamos de que las empresas puedan captar la mayor cantidad posible de fondos. Lógicamente, tenemos que trabajar de la mano del Gobierno regional y tratar de llegar cuanto antes, estar preparados porque luego todo va a ser muy rápido. La cuestión es anticiparse y eso estamos intentando, aunque hay algunos que se han anticipado más que nosotros.
"Alguien tiene que pagar la rebaja de la luz industrial; si no el coste será en deslocalizaciones"
–Pese a que el liderazgo institucional deba ser de la Administración, el éxito en el uso de los fondos va a depender en gran medida de la solvencia de los proyectos que promueva el sector privado. ¿Manejan las empresas asturianas proyectos verdaderamente sólidos?
–La primera labor que hemos hecho con las empresas es pedagógica, de mentalizarlas de que este es el camino y que hay que presentar proyectos solventes y que puedan resultar ganadores cuando entren en concurrencia con otros. Creo que ya hay esa conciencia en sobre la necesidad de presentar propuestas transformadoras y que puedan competir. Uno de los grupos de FADE que trabaja en este asunto es el de multinacionales y entre ellas hay sensibilidad para liderar la presentación de proyectos en colaboración con otras. En Asturias tenemos un problema de tamaño empresarial, hay muchas empresas pequeñas y muy pocas medianas. Son las de un cierto tamaño y las multinacionales, de las que tenemos un número importante, las que deben liderar, acompañar e involucrar a otras más pequeñas. Creo que las empresas grandes sí están cumpliendo ese rol.
–Uno de los aspectos aún por desbrozar es cómo se van a repartir los fondos, aspecto en el que el Gobierno central tendrá gran protagonismo. ¿Teme que la necesidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de apoyos parlamentarios y las posibles concesiones en la negociación presupuestaria puedan restar recursos europeos a territorios como Asturias?
–En teoría, la gestión de los fondos no debería representar ningún problema, porque en la UE hay, entre comillas, unos criterios de reparto, y son los que debieran aplicar el Gobierno y las comunidades autónomas. Otra cosa es que no se haga así. Si me pregunta si existe temor a que la debilidad del Gobierno, la negociación presupuestaria y otras cuestiones puedan perjudicar a Asturias, le diré que ese temor siempre existe. El Gobierno asturiano debe vigilar que no suceda y que se sea justo con Asturias, que los criterios de reparto sean objetivos y no obedezcan a, digamos, cuestiones de equilibrio político o de formación de mayorías. En ello confiamos.
–Ya se negocian también las cuentas del Principado para 2021. ¿Cómo espera que sean?
–Lo primero es que las haya. Creo que todos sabemos que las va a haber, viendo el escenario que se dibuja en la Junta General del Principado. Lo que nos gustaría es que fueran unas cuentas con un consenso muy amplio, porque estamos en una situación extraordinaria. No son las cuentas de un año cualquiera. El de 2021 va a ser muy crítico y las cuentas van a ser muy difíciles de cuadrar, por la merma de ingresos y por el aumento del gasto motivado por la pandemia en ámbitos como la sanidad y la educación. En una situación extraordinaria así se requiere un consenso extraordinario. Y nos gustaría que, dentro de esos presupuestos, la empresa ocupe el papel que debe ocupar. Si salvamos empresas y se puede generar una cierta actividad, eso va a contribuir a mejorar las cuentas del Principado en 2022 al subir la recaudación. La forma de hacerlo, y que no sea pan para hoy y hambre para mañana, es aumentar la base imponible, no los tipos impositivos. Entendemos el momento en el que estamos y la complejidad presupuestaria, pero también sabemos que no hay otro camino que tener en cuenta a la empresa y el capítulo inversor.
–Un posible dilema presupuestario: la reciente creación del ingreso mínimo vital (renta mínima financiada por la Administración central) hará que el Principado ahorre hasta 80 millones de euros en el coste de su propia prestación, el salario social básico, porque una mayoría de beneficiarios pasará a cobrar la estatal; ¿en qué emplearía ese dinero?
–Digo de antemano que hay capítulos del presupuesto, como la sanidad y la educación, que requerirán de un mayor esfuerzo. Pero recuérdese que el capítulo de la inversión del Principado llegó a ser casi de mil millones de euros . Dadas las situaciones que se fueron produciendo, desde el ámbito de la empresa fuimos generosos, comprensivos y solidarios, y apoyamos que se dedicaran partidas importantes y necesarias al gasto social, hasta que esos mil millones se fueron quedando en trescientos y pico. Para tener recursos destinados al salario social, se fue menguando la inversión. Es lógico que, si ahora se van a liberar recursos porque la prestación va a estar cubierta con una medida estatal, el ahorro vuelva a la inversión, que es muy exigua. Y además hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentran las empresas. Dedicar recursos a las empresas en esta situación es también una necesidad social. Las empresas necesitan ese, digamos, salario social, porque están al límite, en situación crítica. Habrá que darles oxígeno.
