La plaga de los incendios forestales ha vuelto a rebrotar como cada verano dejando tras de sí un reguero de destrucción natural y, en muchos casos, poniendo en peligro vidas humanas y arrasando decenas de casas y propiedades. Si el pasado año fue Galicia el escenario de la mayor catástrofe incendiaria del país, con casi 93.000 hectáreas de monte quemadas, ahora es Canarias la que arde hasta el desastre, con más de 10.000 personas evacuadas y un paisaje destruido de raíz. Andalucía y Valencia tampoco se han librado de las llamas. Y días antes fue el sureste de Europa el gran castigado, con el fuego desbocado en Italia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Macedonia y Serbia. Las pérdidas ecológicas y económicas son inmensas, además de los daños de tipo moral y psicológico que producen estas situaciones. La repetición, cada verano, de estas tragedias deja bien claro que ninguna comunidad autónoma ni ningún país está inmunizado frente al riesgo del fuego y que sus gobernantes no han acertado en disponer los medios y la respuesta precisa a este desigual combate.
Tanto el Gobierno central como los autonómicos están obligados a prevenir este tipo de desastres y a reforzar los efectivos humanos, materiales y legales, precarios a todas luces, para hacerle frente y reparar sus consecuencias. El penoso ejemplo de Galicia, tantos años asolada por los fuegos y con la situación límite vivida en agosto pasado por la avalancha incendiaria, debería haber servido de revulsivo en todo el país para mejorar la gestión y fijar nuevas prioridades a la vista de lo que está ocurriendo un año después. Pero no ha bastado y las autoridades vuelven a suspender la misma asignatura. Los ciudadanos se indignan por la falta de una respuesta adecuada porque, ahora en Canarias como antes en Galicia, hasta ellos mismos han tenido que arremangarse y ponerse a apagar las llamas con sus propios medios.
Urge multiplicar la prevención con más efectivos humanos y materiales. La Unidad Militar de Emergencia creada hace unos meses por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para actuar ante grandes catástrofes no basta. Nuestros montes son todavía muy vulnerables y están desprovistos de recursos para reaccionar de inmediato y atajar a tiempo los focos antes de que se conviertan en volcanes sin control. Cuando los medios del Estado llegan a las comunidades, la mayoría de las veces es ya demasiado tarde. Apremia la rapidez, una legislación más dura, conservar los montes en perfecto estado, proceder a la limpieza del entorno de las poblaciones, mejorar la política forestal y profundizar más en las tareas de investigación con unidades de élite para anticiparse a los hechos.
En Galicia no se olvidan las primeras acusaciones desde el poder político que apuntaban a que una trama organizada, que después resultó no ser tal, estaba detrás de la oleada incendiaria. Lo insinuó hasta el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su colega de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cargó incluso contra ex vigilantes forestales despechados porque no se les renovó el contrato. Pero esa huida hacia delante del Gobierno topó con un rotundo informe del fiscal jefe de Galicia que echó abajo la tesis de la conjura y acotó las causas. Descartada la conspiración, las detenciones practicadas apuntaban como autores de los fuegos a imprudentes -agricultores y ganaderos que usan el fuego para tareas de limpieza sin cumplir las mínimas normas de prevención-, a incendiarios -con algún trastorno psicológico o alguna adicción, en especial al alcohol- y a pirómanos, que sienten placer al contemplar las llamas. El diagnóstico es, de seguro, similar en otros territorios. También, como en el caso de Canarias, se arrestó a algún ex guardia forestal como causante, pero nunca como integrante de banda organizada alguna. No obstante, los repetitivos paros de las brigadas forestales en la época estival para exigir mejoras salariales no parece que sean el mejor camino a seguir por este colectivo -decisivo en este combate- para ganarse la confianza de la sociedad y ponerla de su parte en sus demandas laborales.
Lo cierto es que, sea por motivos económicos, venganzas, demencias, imprudencias o desidia de la Administración, se siguen quemando los montes, que no están debidamente cuidados. La Fiscalía de Galicia y las fuerzas de seguridad han imitado a Portugal a la hora de elaborar un informe psicológico de los detenidos por incendios para esclarecer sus motivaciones y tener claves de su perfil. Un plan que se vislumbra efectivo para contribuir en el futuro a una prevención más eficaz, y que el Gobierno luso puso en marcha tras los graves fuegos que sufrió en el verano de 2003.
La colaboración de los gobiernos de la UE es también un pilar básico en esta batalla. Todos los países sufren esta lacra ecológica. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, puso sobre la mesa, en una reunión con el primer ministro griego, Costas Caramanlis, cuyo país sufrió graves incendios este verano, la necesidad de crear una flota europea de lucha contra el fuego. La Comisión Europea debe hacer realidad ese proyecto, que ya lanzó el dirigente galo siendo ministro del Interior.
Mientras, el panorama resulta bastante inquietante para el ciudadano que comprueba, una vez más, la fragilidad de nuestros sistemas de prevención y defensa antiincendios. Es urgente conocer qué ha vuelto a fallar para que de una vez por todas los responsables de evitarlo busquen soluciones y las apliquen sin esperar a otra catástrofe. Porque es inadmisible que, un verano sí y otro también, se repitan los mismos errores y tengamos que sufrir sus desastrosas consecuencias.
