Madrid / Oviedo

La Real Academia de la Lengua no ha lanzado todavía su nuevo diccionario y ya se ha visto obligada a retirar de su página web la definición de «nacionalidad» como «pertenencia a un Estado». Es una marcha atrás forzada por las críticas nacionalistas contra una acepción que consideran cargada de intencionalidad política, según informa la agencia «Efe».

Como primera definición de «nacionalidad» en la vigésimo segunda edición del diccionario figura «condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación», acepción que se suprime en el avance de la vigésimo tercera edición, aún no impresa pero que sí aparece en la web de la RAE.

En la edición aún vigente se dice que «nacionalidad» es también el «Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación»; «Comunidad Autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural»; y «denominación oficial de algunas comunidades autónomas».

En la enmienda ya no figura la primera acepción, y de las tres que se pueden leer, la primera es «condición de pertenencia a un Estado por razón de nacimiento o naturalización». La segunda dice que se trata del «vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización». Y la última es «comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural».

Las modificaciones introducidas en la versión electrónica han sido rechazadas por los nacionalistas. Josep Antoni Duran i Lleida (ciu) acusó a la Academia de «hacer política», lo mismo que Aitor Esteban (PNV). Joan Ridao (ERC) afirmó que la RAE quiere eliminar cualquier vestigio de «concomitancia» entre nación y nacionalidad y añadió que el vocablo «nacionalidad» surge como un «híbrido» en la Constitución para no impedir su aprobación y en términos políticos expresa la idea de que existen naciones, que «no son políticas porque no disponen de Estado», pero que lo son por razones históricas, lingüísticas y culturales y manifiestan su voluntad de «afirmarse y autogobernarse».

En nombre de la Entesa Catalana de Progrés, Carles Bonet, denunció que la RAE vuelve a «inmiscuirse» como ya hizo al intentar que en la Constitución se definiera al castellano como español. En su opinión, la Academia «toma partido» con los que se oponen a que en el preámbulo del Estatut se hable de «nación catalana». Hasta la popular Alicia Sánchez Camacho rechaza la modificación, que para Gaspar Llamazares «niega» el hecho plurinacional del Estado. En cambio, Alfonso Guerra ha defendido que la enmienda es «más práctica» y acorde con el siglo XXI y no aprecia, en absoluto, que haya intencionalidad política.

Darío Villanueva, secretario de la RAE, explicó que se había producido un error de contaminación «por la segunda nueva acepción del término» y aseguró que la Academia «no funciona nunca con intencionalidad política». «Estamos al margen de ese tipo de pulsiones y pedimos que no se nos mezcle con ellas», concluyó.