La popular María Dolores de Cospedal reducirá de manera «tajante» el gasto público en Castilla-La Mancha, y para ello suprimirá un 60 por ciento los altos cargos en la Administración regional. La presidenta electa anunció que eliminará el 50 por ciento de los puestos de libre designación, reducirá las direcciones generales de 52 a 30 y disminuirá de 35 a 5 los delegados provinciales. Además, suprimirá importantes organismos autonómicos, entre ellos el Defensor del Pueblo.

En su discurso de investidura, la presidenta electa de Castilla-La Mancha aseguró que llevará a cabo una reducción «tajante» del gasto corriente y a una «contundente» racionalización del sector público. «Creo que es hora de que el Estado de las autonomías se mire a sí mismo y acierte a alcanzar un equilibro entre la descentralización política y administrativa necesaria», dijo.

Cospedal suprimirá la figura en Castilla-La Mancha del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia, el Consejo Económico y Social y analizará la viabilidad de la Sindicatura de Cuentas para comprobar si es necesario mantener esta entidad, en relación con el servicio que presta, el interés general y el coste que supone.

La presidenta electa establecerá un techo de gasto y de endeudamiento que fijarán anualmente las Cortes de Castilla-La Mancha. Cospedal ha destacado que la estabilidad presupuestaria es el primer cimiento del crecimiento económico y también el primer cimiento de la calidad de los servicios públicos. Pero antes de ello será necesario conocer la situación de las finanzas autonómicas, y para ello el nuevo Gobierno verificará la situación de tesorería cuando llegue a la Junta.

Cospedal ha anunciado su intención de «contener inicialmente» el desarrollo de las infraestructuras en la región. No se «comenzarán» las que «después de tantos años siguen sin haberse realizado» hasta que se logren sanear las cuentas. Añadió que está decidida a «librar una lucha sin cuartel contra el paro masivo y la rampante precariedad laboral», y tendrá en cuenta que «hay cientos de miles de ciudadanos golpeados por la crisis». Eso sí, prometió la libre elección de médico y de hospital.

Por otra parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, se desmarcó ayer la decisión de su partido en Extremadura de facilitar con su abstención el Gobierno de esta comunidad al PP, en una comparecencia en la que anunció que la presidencia federal de la coalición estudiará hoy si van a sancionar o no a los implicados.

Lara ha querido dejar claro que la decisión de sus compañeros de Extremadura, que permitirá al candidato popular, José Antonio Monago, gobernar en esa comunidad, en lugar de al socialista Guillermo Fernández-Vara, «está fuera de la política federal».

Ante esta situación, Lara, quien ha negado que se haya plantado dimitir por lo sucedido, ha convocado con carácter urgente a la presidencia federal de IU para que analice lo ocurrido, aunque no ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que se acuerden «expulsiones».

El ex presiente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, aseguró que, tras la decisión de IU de permitir que el PP gobierne, «los socialistas van a trabajar como oposición y no van a colaborar con IU ni a participar en una hipotética moción de censura». Desde el PSOE, Marcelino Iglesias se ha mostrado dolido por la «lamentable» decisión de IU y se ha preguntado cómo va a explicar la coalición esa medida contradictoria a sus votantes.