La defensa de Baltasar Garzón y la fiscalía pidieron la nulidad de la causa abierta al juez por investigar los crímenes del franquismo y cargaron contra el instructor de la misma, Luciano Varela, del que llegaron a afirmar que «tomó partido y perdió su imparcialidad», y calificaron de «insólita» su actuación.

El juez se enfrenta a su segundo juicio en el Supremo por abrir sin competencias la causa al franquismo. Garzón llegó al tribunal entre los aplausos de sus partidarios, entre quienes se encontraba Cayo Lara, y gritos como «Algo huele mal en este tribunal».

Tanto el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda como el fiscal Luis Navajas se refirieron con estos calificativos a la providencia por la que Varela dio una «segunda oportunidad» a Manos Limpias para que corrigiera los defectos advertidos en su escrito de acusación, informa la agencia «Efe».

El instructor «vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad» al llegar a sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista debía corregir esos errores, advirtiéndole de que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término «a sabiendas», denunció el defensor de Garzón.

La tutela judicial «no puede servir para amparar el derecho a que el juez reoriente la estrategia de acusaciones que son defectuosas», añadió el abogado, quien recordó casos como el de Filesa y el Nani, en los que los defectos formales impidieron la continuación de la causa contra algunos de los acusados.

Tras asegurar que en sus 36 años de carrera no había visto una actuación parecida a la de Varela, el fiscal afirmó que la providencia «transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible». Varela «devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera», añadió.

El escrito finalmente presentado por Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón, fue «un corta y pega» de los autos del instructor, hasta el punto, según Martínez-Fresneda, de que incluían las mismas erratas. La defensa sostiene que el texto no precisa cuáles de las resoluciones adoptadas por Garzón son las supuestamente injustas y, por tanto, prevaricadoras y que tenía como único objetivo que Varela pudiera abrir juicio oral y, por tanto, conseguir la suspensión del juez.

El letrado también pidió el sobreseimiento de la causa en aplicación de la «doctrina Botín» del Tribunal Supremo, que estableció que no se puede abrir juicio a instancias únicamente de la acusación popular cuando la fiscalía y los posibles perjudicados piden el archivo.

Según la defensa de Garzón, en este caso no es aplicable la «doctrina Atutxa», que permite acusar en solitario a la acción popular si es para defender «intereses colectivos», y ha recalcado que la conducta del acusado «no ha causado perjuicio alguno».

Por último, Martínez-Fresneda ha denunciado la indefensión que supone el que el Supremo no haya aceptado escuchar el testimonio de juristas españoles y extranjeros que sostienen las mismas tesis de Garzón. Entre ellos figuran los tres magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que defendieron su competencia para investigar los crímenes del franquismo, la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Carla del Ponte, o el juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet.

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, pidió que prevalezca el interés público. La vista se reanudará el día 31 con la declaración del Garzón.