La fiscalía exculpa a la Infanta Cristina del desvío de fondos públicos a través de Nóos

La fiscalía ha remitido al juez del «caso Palma Arena» un informe donde exculpa a la Infanta Cristina de la supuesta trama de desvío de fondos públicos a través del grupo Nóos, impulsado por su marido, Iñaki Urdangarín, encausado en el sumario. Anticorrupción no apoya por tanto la imputación de la hija del Rey en la pieza separada 25 del «Palma Arena», solicitada por el sindicato Manos Limpias. Según su criterio, que gastos personales de los duques hayan sido imputados como costes de Aizoon es una «mera irregularidad administrativa».

El ministerio público, con el beneplácito de la fiscalía superior de Baleares y de la Fiscalía General del Estado, ha emitido un informe sobre la posible responsabilidad de la Infanta en el «caso Palma Arena». El dictamen se ha redactado tras la larguísima comparecencia el pasado fin de semana de Urdangarín ante el juez José Castro y los fiscales anticorrupción Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Cristina de Borbón es copropietaria, al 50 por ciento y con su esposo, de la inmobiliaria y consultoría Aizoon, S. L., una empresa sospechosa de desviar cientos de miles de euros de fondos públicos. Urdangarín ha declarado ser el único gestor y administrador de Aizoon. Anticorrupción comparte esa tesis y aparta a la hija del Rey de la consultoría: «Su única vinculación es únicamente a nivel societario, nunca tuvo un cargo ejecutivo». «La gestión y administración de esa sociedad está en manos de su cónyuge, Iñaki Urdangarín», remacha.

Los investigadores han detectado en las cuentas de Aizoon salidas periódicas de fondos de la sociedad destinados a Cristina, así como el pago de gastos personales de la familia Urdangarín-Borbón con dinero de la empresa. Anticorrupción no ve alcance penal en estos hechos. «El presunto hecho de que gastos personales de los cónyuges Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón hayan sido imputados (cargados en las cuentas) como costes de Aizoon, S. L., no es constitutivo de ilícito penal», argumenta el ministerio fiscal, quien arguye que esas prácticas serían, en todo caso, «una mera irregularidad administrativa».

Los investigadores sospechan que el duque, como presidente del Instituto Nóos entre 2003 y 2006, y su antiguo número dos en esa entidad sin ánimo de lucro, el también imputado Diego Torres, se sirvieron de Nóos Consultoría para captar fondos públicos. «No consta ningún indicio incriminatorio que vincule a la Infanta Cristina con la actividad presuntamente ilícita desplegada por Urdangarín y Diego Torres en Nóos Consultoría», afirma el fiscal.

Por el momento, ningún testigo ni implicado ha manifestado en el voluminoso sumario que la duquesa de Palma estuviera al tanto de los negocios supuestamente ilícitos desarrollados entre 2003 y 2010 por su marido y su círculo de colaboradores.

Tampoco han aparecido contratos, cheques, facturas u otros documentos firmados por la Infanta sospechosos de haber dado pie a supuestos delitos. La conclusión de los fiscales es que nada permite entrever que doña Cristina «conociese la supuesta actividad delictiva de su marido y el socio de éste».

La segunda hija del Rey figuró como vocal de la junta rectora de la Asociación Nóos, una de las entidades usadas por los imputados para obtener varios millones de euros de las administraciones públicas de Valencia. Para la fiscalía anticorrupción, en el Instituto Nóos existió un comité de dirección encabezado por Urdangarín y Torres, pero en el que no participó la Infanta Cristina. El fiscal va más allá y postula que la junta rectora de Nóos, de la que era vocal la hija del Rey, «no se reunió para aprobar las líneas de dicha entidad».

El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, acusó al ministerio público de «actitud reverencial», de ser «más papista que el Papa y ejercer una labor de protección», abandonando el interés público en nombre de la razón de Estado.

El juez José Castro también ha recabado su opinión sobre el encausamiento de la duquesa al Gobierno insular, personado como acusación particular, y al PP, que ejerce la acción popular. La abogacía de Baleares ha exonerado también de responsabilidad a la Infanta, mientras que el PP seguirá en su tónica de no participar en la instrucción del caso, pese a su pasada insistencia en ser tenido como parte.

El magistrado tendrá que decidir luego sobre la imputación pedida por la acusación Manos Limpias, que ya ha solicitado un careo entre Urdangarín y su ex socio, Diego Torres. Ahora se ha sabido que el duque no contestó a unas 150 preguntas del juez, fiscales y abogados.