La ley de Estabilidad Presupuestaria que fija un déficit cero para todas las administraciones públicas a partir de 2020 fue aprobada definitivamente ayer con los apoyos del PP y de CiU y con el rechazo del PSOE, por lo que entrará en vigor cuanto antes para dar «confianza», aseguró el Gobierno.
El pleno del Senado rechazó el único veto, presentado por ICV, así como las 97 enmiendas al proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posteriormente fue aprobada por mayoría absoluta y con el apoyo de CiU, UPN, Foro Asturias y la abstención del PNV y CC.
El Grupo Socialista volvió a votar en contra, tal como hizo en el debate que tuvo lugar en el Congreso el pasado 12 y tras el intento del PP de pactar una abstención.
Así, el texto de la nueva ley contempla un déficit cero para todas las administraciones a partir de 2020 y no del 0,4 % del PIB, que es lo que defendía el PSOE y como asegura que se pactó en agosto tras reformar el artículo 135 de la Constitución.
La norma de Estabilidad Presupuestaria también fija una reducción de la deuda pública al 60% en 2020 y amplía el plazo para rebajar el endeudamiento de las comunidades autónomas de ocho a veinte años. Además, las administraciones incumplidoras con el déficit deberán constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
El ministro Cristóbal Montoro aseguró que esta norma supone la «llave de acceso a los mercados» porque garantiza la confianza y la fiabilidad de la economía española. El titular de Hacienda aseveró que «el Gobierno no dudará en aplicar la nueva ley a aquella comunidad que no cumpla con su compromiso de déficit», al tiempo que ha negado que ponga en riesgo las competencias autonómicas.
«Nos jugamos el país, el proyecto de España en Europa y el euro. Es una ley para aplicarla ya, para que esté en vigor el 1 de mayo», dijo, tras reiterar que «no cabe el desorden en las cuentas públicas ni el desequilibrio financiero» porque la economía española atraviesa momentos difíciles, problemáticos y de recesión.
Por otra parte, el Gobierno ultima la reforma de la administración que pretende aprobar a primeros de mayo, para evitar duplicidades y reordenar competencias.
